Bruselas pide a España limitar el gasto para alcanzar un ajuste de 9.300 millones en 2024

La Comisión Europea ha recomendado a España limitar el aumento del gasto públicoprimario al 2,6% como máximo en 2024 con la intención de lograr el recorte del déficit estructural del 0,7% que le pide para ese ejercicio, equivalente a 9.289 millones de euros. El informe del Ejecutivo comunitario anticipa que España cumplirá con esta recomendación, ya que calcula que el aumento del gasto primario será del 1,4% el año que viene, según sus previsiones macroeconómicas de Primavera.

"Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3% del PIB, sería adecuada una mejora del déficit estructural de al menos el 0,7% del PIB para 2024", señala el Ejecutivo comunitario en sus recomendaciones de política fiscal para España.

La Comisión añade que, para asegurar esa mejora, el crecimiento del gasto primario neto financiado nacionalmente "no debería exceder el 2,6%" en 2024. Además, el Ejecutivo comunitario recuerda que el Programa de Estabilidad que le remitió el Gobierno prevé que en el año 2024 el déficit público se reduzca al 3% del PIB, "en línea" con sus propias proyecciones.

Mantener los niveles de inversión pública

La Comisión Europea también sugiere a España que mantenga los niveles de inversión pública y que garantice la "absorción" de las ayudas procedentes del fondo de recuperación y de los fondos de otros programas de la UE. Incluso insta al Gobierno a "mantener el impulso" para una ejecución "rápida" del plan español de recuperación y a presentar pronto la actualización para tener acceso a otros 10.000 millones en ayudas directas y a los 84.000 millones de euros en créditos que el país tiene asignados.

El ministerio de Asuntos Económicos celebró que la Comisión Europea "confirma que la senda fiscal presentada por España cumplirá con los requisitos fiscales exigidos para 2024", a la vez que considera que "la responsabilidad fiscal del Gobierno y las previsiones de crecimiento de la economía española garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años".

Medidas energéticas

Entre las recomendaciones fiscales, el Ejecutivo comunitario pide a España que retire, a más tardar al cierre de 2023, las ayudas desplegadas al calor de la crisis energética, que estima actualmente en un 0,6% del PIB, empezando por las más universales. A lo que se refiere Bruselas es, por ejemplo, a las reducciones del IVA del gas y de la electricidad, que han sido prorrogadas hasta final de año. Propone a las autoridades españolas que utilicen los "ahorros" derivados para "reducir el déficit público".

Protección de hogares y empresas vulnerables

En el texto se añade que, si los precios energéticos se disparan de nuevo y se necesitan nuevas medidas, deben estar orientadas a proteger a los hogares y las empresas "vulnerables", al igual que deben ser "asumibles" desde el punto de vista fiscal y deben "preservar los incentivos para conseguir ahorros energéticos".

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