Bruselas fija directrices a los países que facilitan negocios como Uber y Airbnb

La CE ha fijado directrices y presentado recomendaciones a los países miembros de la UE que facilitan el desarrollo de la economía colaborativa y de empresas que han suscitado en los últimos años polémica, como la plataforma de taxi alternativo Uber o la de alojamientos entre particulares Airbnb.

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Empleo, el Crecimiento, la Inversión y la Competitividad, Jyrki Katainen, señaló que los "modelos de economía colaborativa surgirán de todas formas" y que "ahora la pregunta es si Europa está abierta a nuevas innovaciones o "si aleja a personas y negocios por ser demasiado restrictiva y por proteger modelos de negocio existentes".

"Debemos alentar un entorno regulador que permita el desarrollo de nuevos modelos de negocios y a la vez proteger a los consumidores y una fiscalidad y unas condiciones de trabajo justas", dijo.

La comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska, sostuvo que estas plataformas "ofrecen posibilidades y no son una amenaza". "En algunos países existe una prohibición absoluta y en otros son más que bienvenidas. No es un enfoque del mercado único", subrayó.

Las directrices no son legalmente vinculantes, pero sí guiarán a la CE en su papel como guardiana de los Tratados, incluido ante el Tribunal de Justicia de la UE. Bienkowska explicó además que no van dirigidas a una u otra empresa específica, en referencia a Uber y Airbnb.

Bruselas explica que en virtud de la legislación comunitaria solo se debería obligar a los proveedores de servicios a obtener autorizaciones o licencias empresariales cuando sea absolutamente necesario para cumplir objetivos de interés público relevantes.

Estas plataformas no deberían tener que obtener autorizaciones o licencias si solo actúan como intermediarios entre consumidores y los que ofrecen el servicio final, por ejemplo servicios de transporte o de alojamiento, señala la CE.

Bruselas considera asimismo que los países miembros deben diferenciar entre ciudadanos individuales que ofrecen servicios de manera ocasional y proveedores profesionales, por ejemplo mediante la fijación de umbrales basados en el nivel de la actividad y los ingresos que genera, como han hecho varios Estados de la UE.

Algunas ciudades permiten alquileres y servicios en los que se comparte vivienda de corta duración sin autorización o licencia si se limita la oferta a una serie de días al año, y otras diferencian entre la primera vivienda y otras propiedades, estableciendo que la residencia principal no puede ser alquilada nunca ocasionalmente.

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