UN SOSPECHOSO DETENIDO

UN SOSPECHOSO DETENIDO

Seis enfermeras y un agente de seguridad mueren apuñalados en un hospital del norte de China

Siete personas, seis de ellas enfermeras y la otra un agente de seguridad, murieron apuñaladas en un hospital del norte de China, en un nuevo episodio de violencia en centros sanitarios chinos.

Imagen de un policía chino
Imagen de un policía chino | EFE

Según informó la agencia oficial Xinhua, el suceso ocurrió cuando las enfermeras y la otra víctima, un guardia de seguridad, se encontraban en el dormitorio de las empleadas del hospital, situado en la costera localidad de Beidaihe (lugar de veraneo de los líderes comunistas próximo a Pekín).

Además de los siete muertos, otra enfermera resultó gravemente herida, según la agencia, que señala que un sospechoso ha sido ya detenido, sin que se conozcan aún más detalles de lo sucedido. Se trata del último suceso ocurrido en un hospital chino y el ejemplo más reciente de una tendencia que en el país ha creado gran alarma en el sector sanitario nacional ya que, según la Asociación de Hospitales de China, el 96 % de sus trabajadores sufrió violencia verbal en 2012 y un 63,7 % violencia física.

El año pasado se registraron 70.000 disputas en centros sanitarios chinos y se reportaron al menos 11 incidentes graves en los que murieron siete médicos y 28 resultaron heridos. Detrás de la mayoría de esos ataques suele haber insatisfacción por los tratamientos y también desacuerdos con la factura de éstos, ya que la mayoría de los chinos no disponen de un seguro médico estatal y deben hacer frente por su cuenta a los gastos sanitarios, muy altos en el caso de enfermedades graves. Los propios médicos también reconocen que los incidentes esconden falta de confianza de la sociedad china en un sistema sanitario en el que los presupuestos son parcos.

Ante estos problemas, el Gobierno chino respondió hace meses con nuevas leyes que endurecen las penas a quienes ataquen a médicos o enfermeras, les insulten públicamente o causen desperfectos en sus instalaciones sanitarias. La normativa cuenta con el apoyo de varias agencias gubernamentales, desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública o el Tribunal Supremo, y promete "castigos severos", según anunciaron el pasado 24 de abril en un comunicado conjunto.

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