A UNA EMPRESA DE ARTURO FERNÁNDEZ

A UNA EMPRESA DE ARTURO FERNÁNDEZ

La UCO ve indicios de delito de cohecho y malversación de Cifuentes en una adjudicación a una empresa de Arturo Fernández

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha analizado las adjudicaciones de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que Cristina Cifuentes participó como presidenta de la mesa de contratación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes | EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudo decidir "de antemano".

En un informe de la UCO que analiza exclusivamente estas adjudicaciones se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el informe, estos contratos de "adjudicación de los contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011" a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

Entre las personas que formaron parte de ese comité y que la UCO menciona expresamente está Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era también vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) pero que, advierte la Guardia Civil, está sujeta a aforamiento actualmente.

El hecho de que Cifuentes fuera miembro del comité de expertos y que ejerciera como presidenta de la mesa de contratación es, dice el informe, una "circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación". "La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria", añade.

De esta manera, Cifuentes presidía las mesas de contratación a la vez que participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas de los licitadores, resume la UCO.

Resalta además la UCO que la empresa de Arturo Fernández también optó al servicio de cafetería de la Asamblea en el año 2006, pero no resultó ser adjudicataria. Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez cuando le citó a declarar como imputado.

Dichos donativos (la UCO los cifra en 160.000 euros y el propio Fernández, ante el juez, los situó en 60.000) se produjeron en fechas próximas a la campaña electoral de 2007, concretamente en marzo de ese año. Cuando se produjeron esas aportaciones de Fernández, Cifuentes era patrono de esa fundación, como destaca la UCO en otro informe del sumario, en el que resalta la "coincidencia" de ese cargo con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación cuando se efectuaron las aportaciones económicas.

Según la Guardia Civil, hay indicios por tanto de que se favoreció al Grupo Cantoblanco para que se alzase con la adjudicación de los contratos, en vista de esos "importantes" donativos que hizo el empresario a Fundescam, una fundación "directamente vinculada con el Partido Popular de Madrid" que sirvió para" financiar de manera encubierta" al mismo "para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización".

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