DOS EXDIRECTIVOS Y EL EXDELEGADO PROVINCIAL DE EMPLEO

DOS EXDIRECTIVOS Y EL EXDELEGADO PROVINCIAL DE EMPLEO

Declarados culpables tres de los imputados por el caso de Mercasevilla

Los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce y el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas han sido declarados culpables de intento de cohecho en Mercasevilla por un jurado popular. Los abogados de los acusados ya han anunciado que recurrirán la sentencia.

 El jurado popular ha declarado hoy culpables de cohecho a tres de los acusados en el juicio por la petición de comisiones en Mercasevilla
El jurado popular ha declarado culpables de cohecho a tres de los acusados por el caso Mercasevilla | EFE

El jurado popular encargado de enjuiciar el presunto intento de cohecho en Mercasevilla ha considerado culpables a los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce y al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, mientras que ha considerado no culpable, y, por tanto, ha exculpado a la funcionaria Regla Pereira.

En el veredicto hecho público a las 14,40 horas, tras dos días de deliberación, los miembros del jurado han considerado a los exdirectivos de Mercasevilla culpables por unanimidad de haber solicitado una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Junta.

En el caso de Rivas, el jurado lo considera culpable por mayoría de ocho votos a uno de que, tras conocer la concesión de la subvención, "se puso en contacto" con Mellet y Ponce "y de común acuerdo, con el fin de obtener un enriquecimiento ilícito, decidieron exigir" a los hosteleros una "comisión" de 300.000 euros. Para considerar probada la culpabilidad de Rivas, el jurado ha tenido en cuenta la declaración del policía que interrogó a Mellet, que aseguró que éste le dijo que "la idea había sido de Rivas", mientras que Daniel Ponce, en su comparecencia policial, "aseguró que su jefe le había dicho que era un encargo" del exdelegado.

"Interés desmedido" de Rivas en la subvención
Asimismo, el jurado ha señalado que, en la grabación de la reunión de 27 de enero de 2009 en la que participaron los hosteleros y los exdirectivos de la lonja, éstos le dijeron que "a cambio" de entregar 300.000 euros se les darían subvenciones para futuros cursos de formación, por lo que había "una concertación" de Rivas con Mellet, ya que "la competencia para dar los cursos de formación era" del exdelegado.

Rivas tenía un "interés desmedido" en la concesión de la subvención, pues, aunque el exconsejero de Empleo Antonio Fernández dijo en la vista oral que Rivas "carecía de competencias" para conceder subvenciones excepcionales como la dada a Mercasevilla, participó en las reuniones que se mantuvieron en torno a ésta "pese a que ni tramitaba ni gestionaba este tipo de subvenciones".

Por todo ello, el jurado ha concluido señalando que Mellet y Rivas "han estado siempre en contacto, existiendo concierto para solicitar la comisión", lo que les ha llevado a probar por unanimidad que, después de que el exdelegado contactara con Mellet para exigir la 'mordida', éste "encargó" a Ponce que mantuviera una reunión con los hosteleros, José Ignacio de Rojas y Pedro Sánchez Cuerda, para hacerles la petición, lo que Ponce "aceptó conociendo la ilegalidad de dicha pretensión".

La petición de la 'mordido' es "injustificable"
Asimismo, ha declarado probado por unanimidad que los exdirectivos de Mercasevilla, "con ánimo de enriquecimiento ilícito, estuvieron de acuerdo en condicionar la concesión" de la gestión de la escuela al pago de esos 300.000 euros más otros 150.000 euros por la acometida eléctrica, peticiones ambas que para el jurado son "injustificables", ya que "ha quedado claro que la comisión no debía afrontarla La Raza".

Según el relato del jurado, "según la indicación de Ponce a los representantes de La Raza, la forma de pago de los 450.000 euros sería en efectivo, dejándolos en el interior de un maletín en un despacho y allí vendría alguien a recogerlo". Basándose en la audición de la grabación de la reunión del 27 de enero, el jurado ha concluido que "todos los participantes" en la misma "conocían que había que dejar un maletín olvidado donde se dijera".

También por unanimidad han considerado probado que los hosteleros "se han negado a entregar" cantidad alguna, "habiéndose paralizado el pago de la subvención concedida a la Fundación" tras haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía el entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá.

Pereira no fue "complice" de la petición de la 'mordida'
De igual modo, el jurado se ha mostrado contrario por una mayoría de ocho votos al indulto total y parcial y a que se pueda suspender la condena privativa de libertad --prisión-- que pudiera corresponderles por impago de la multa a cuyo pago sean condenados. Por el contrario, el jurado ha declarado probado por unanimidad que Pereira no participó en los hechos, para lo que se han basado en la declaración de Sánchez Cuerda, "que dijo que estuvo" en la primera reunión "pero estuvo callada y no participó", mientras que Ponce "afirmó que la imputada "no estaba" cuando se trató el tema de la "ayuda". "Ninguna persona, ni en la Policía ni en los Juzgados, ha dicho que Pereira conociera o fuera cómplice en la petición de la comisión", ha aseverado el portavoz del jurado, por lo que el magistrado presidente, Angel Márquez, le ha anunciado que será absuelta, tras lo que se ha sentado entre el público y se ha fundido en un emotivo abrazo con su padre, presente en la sala.

Responsabilidad civil
Tras conocer el veredicto, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha mantenido su petición para cada acusado de 21 meses de suspensión para empleo o cargo público y 900.000 euros de multa, solicitando, en caso de impago, que se les imponga una año de prisión. El abogado que ejerce la acusación en nombre de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, Juan Piñeyro, se ha adherido a la petición del fiscal, aunque ha solicitado que en concepto de responsabilidad civil paguen 900.000 euros a la fundación, ya que el pago de la subvención fue paralizado, por lo que "el perjuicio ocasionado es patente". De su lado, el letrado que representa la acusación del PP, Luis García Navarro, que inicialmente solicitaba para los acusados tres años de inhabilitación y multa de 1.350.000 euros, se ha adherido a la petición realizada por el Ministerio Público.

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