Este lunes finaliza el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de renovación ('ultraactividad'), con lo que se abre un periodo de incertidumbre y previsible litigiosidad en el que muchos trabajadores podrían ver decaer el convenio que les ampara, con la consiguiente pérdida de derechos laborales.
Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CC.OO. y UGT a 3 de julio 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a más de 1,8 millones de trabajadores.
De estos convenios pendientes, la mayor parte (953) corresponden al ámbito privado, con 1,7 millones de trabajadores, en sectores como los de aguas, consultoras, curtidos o elaboración de productos cocinados. En el ámbito público, aún permanecen abiertos 371 convenios (148.076 trabajadores), en su mayor parte pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades públicas como Paradores y astilleros.
Sin embargo, la patronal cree que hay excluir de los convenios pendientes, aquellos que se dan por bloqueados por llevar más de dos años negociándose y que deberían remitirse a los sistemas de solución autónoma de conflictos, los convenios nacionales de Estaciones de Servicios y de Mataderos de aves y conejos, que ya se han firmado y que afectan a casi 90.000 trabajadores y aquellos que han desaparecido por cierre de empresa o integración en un ámbito superior.
La duda ahora es saber qué ocurrirá con estos convenios colectivos. Para evitar un decaimiento masivo y un estallido de conflictividad, patronal y sindicatos firmaron el pasado mes de mayo a nivel confederal el 'Acuerdo sobre ultraactividad de los convenios colectivos', como parte del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC).
Su pretensión era crear un clima de confianza mutua y un compromiso para agotar las negociaciones en los procesos de renovación de convenios vigentes más allá del límite establecido por la reforma laboral.
En el caso de no ser posible un acuerdo, las partes promovían que se acordara la continuidad del proceso de negociación más allá de los plazos legales y se instaba en caso de bloqueo a acudir a una mediación obligatoria o arbitraje voluntario.
