Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, han insistido en que las políticas del Gobierno son "suicidas" para la economía, "lesivas" para los ciudadanos y "traspasan los límites de lo tolerable".
Así se han pronunciado antes de intervenir en una asamblea informativa en Valencia sobre la huelga del 14 de noviembre, en la que Fernández Toxo ha augurado que el paro continuará creciendo y produciendo "estragos" en el modelo social.
Los secretarios generales han considerado "oportuno" y "muy significativo" que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso contra la reforma laboral promovido por el grupo parlamentario socialista y la Izquierda Plural.
Para Méndez, significa reconocer que hay indicios "racionales" de inconstitucionalidad en la reforma laboral, como ya habían advertido los sindicatos.
En la misma línea, Fernández Toxo ha manifestado que la reforma laboral tiene varios elementos de inconstitucionalidad, y ha confiado en que el Constitucional "sea consecuente con la doctrina que ha venido aplicando hasta ahora".
Ambos dirigentes han justificado la huelga general como una "reacción de autodefensa" para exigir al Gobierno un cambio en sus políticas, que generan "una gran destrucción económica y de empleo" y un "drama social" por la pérdida de calidad de los servicios básicos, según el secretario de CCOO.
Méndez ha afirmado que hay que dar un "aldabonazo" a la conciencia social del Gobierno que, a su juicio, "no puede seguir en su posición prepotente y agresiva dentro de su país, y sumisa y resignada ante el Gobierno de Berlín".
Para el dirigente de UGT, el Gobierno debería utilizar la huelga general como "una palanca democrática para decirle a Berlín que el pueblo español no se resigna".
Méndez ha criticado al Ejecutivo por ser "incapaz" de decirle a los ocho millones de pensionistas, de los que dependen "cientos de familias", si van a revalorizar las pensiones o no.
El dirigente de CCOO, por su parte, ha lamentado que todo este "sacrificio" sea "para beneficiar a las élites" al rescatar a los bancos pero dejar que se hundan las personas y "no dar respuesta a los problemas que generan los desahucios ni oportunidades de empleo".
