La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha argumentado la reforma de pensiones que plantea el Gobierno en que el déficit acumulado de la Seguridad Social hasta 2016 llegará a los 36.500 millones de euros, lo que dificultará el pago de las prestaciones y provocará el agotamiento del Fondo de Reserva.
En una comparecencia en el Pacto de Toledo, Báñez ha anunciado que, hasta finales de año, el Gobierno tendrá que sacar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la conocida como hucha de las pensiones- 6.148 millones de euros, de los que 720 millones se utilizarán hoy mismo.
De acuerdo con sus cifras, durante 2012 y 2013 el sistema habrá consumido 23.631 millones de euros del Fondo, que, hasta hoy, estaba dotado con 59.385 millones, lo que equivalía al 5,77 % del PIB. En julio pasado, se tuvieron que emplear 4.500 millones para el abono de la paga extra de verano de los pensionistas.
Con la reforma del Gobierno se ahorrarán 33.500 millones de euros, en un momento en que la Seguridad Social acumula una perdida de 3.165.363 ocupados y se prevé que en 2050 los mayores de 65 años representarán el 37 % de la población, 20 puntos por encima del porcentaje actual.
"Compleja" situación económica en el corto plazo y "complicada" a medio y largo por la presión demográfica sino hay más reformas, ha avisado. Bañez ha defendido la reforma del Gobierno porque adecúa las pensiones a la esperanza de vida (el denominado factor de sostenibilidad) y garantiza que siempre suban (el 0,25 % si hay crisis económica y el 0,25 % más el IPC si la situación es de bonanza).
Se hace pensando en los pensionistas de hoy y en los de mañana, ha resaltado la ministra, quien ha emplazado a los partidos a que presenten, durante el trámite parlamentario de la reforma, sus propuestas porque la subida de las pensiones del 0,25 % fijada para 2014 puede ser mayor si así lo deciden las Cámaras.
La respuesta de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, es que no les gusta la reforma y que ven difícil el acuerdo, al tiempo que han pedido que se busquen más ingresos en el sistema y que el objetivo no solo sea recortar gastos.
Desde el grupo Mixto, los diputados del BNG Oalia Fernández y de Amaiur Sabino Cuadra han denunciado que habrá prestaciones más pequeñas y más bajas porque el Gobierno pretende dar un "hachazo muy fuerte" a los 9 millones de pensionistas.
Emilio Olabarría (Grupo vasco) ha dicho que "todo el mundo" está en contra de esos cambios y ha advertido de que pueden ser inconstitucionales y Álvaro Anchuelo (UPyD) ha considerado que la llamada del Gobierno a negociar está "viciada" porque las medidas ya están aprobadas y la pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas va a ser continuada.
Joan Coscubiela (IU-ICV-Cha) ha acusado al Gobierno de manipular y engañar a los ciudadanos para aplicar su reforma y Carles Campuzano (CiU) ha expresado su convicción en que la reforma supone una ruptura del Pacto de Toledo y ha pedido a la ministra que la retire.
Valeriano Gómez (PSOE) también ha exigido su retirada y ha reprochado a Báñez que recibiera la Seguridad Social con un desequilibrio de 720 millones y que lo haya elevado a 13.000 millones, así como que haya perdido 900.000 afiliados por la reforma laboral.
Báñez le ha pedido que "no grite tanto" y hable con "cabeza" y de todos los números, ya que el PSOE dejó el sistema en déficit y no ingresó 14.000 millones de excedentes en el Fondo de Reserva, del que ha recordado que no lo emplearon para evitar en 2011 la congelación de las pensiones.
El debate de la reforma ha coincidido con la entrega, en el Congreso, de un manifiesto elaborado por las asociaciones de jubilados de CCOO y UGT para denunciar los recortes impuestos por el Gobierno, especialmente contra el colectivo al que representan.
