Investigación
Suspendida la declaración de los tres exaltos cargos del Gobierno de Ayuso en la causa de los ancianos fallecidos en residencias durante la pandemia
La sesión se ha cancelado debido a que algunas partes de la causa no han recibido toda la documentación.
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Estaba previsto que este lunes declararan como investigados los exaltos cargos del Ejecutivo madrileño presidido por Isabel Díaz AyusoCarlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid por la causa de los fallecidos en residencias durante la pandemia. Sin embargo, la sesión se ha suspendido porque algunas de las partes no han recibido la documentación.
Los tres han acudido al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid: los dos primeros, considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño, como encargado de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el gobierno regional.
En la puerta de los Juzgados de Plaza de Castilla se concentraron familiares de las víctimas. Fueron convocados por Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias), que reclaman justicia y reparación.
Cuando los investigados llegaron a sede judicial han sido recibidos con gritos de familiares de los fallecidos, y una mujer le ha dicho al doctor Antonio Burgueño: "Señor Burgueño, ¿no tiene nada que decir? Esta era mi madre. Ustedes colaboraron con matarla. ¿A qué vienen hoy aquí? ¿Qué van a decir? ¿Alguna vez van a decir algo", mientras que otros han clamado: "Digan la verdad. Tenéis que ser valientes y señalar".
Se reabre una causa que se había archivado hacía 3 años
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.
La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
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