El lince ibérico es el felino con mayor peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). Sin embargo, dentro de nuestras fronteras campa una gran parte de los ejemplares de esta especie. Concretamente unos 700 habitan en la Península Ibérica, un número que ha aumentado considerablemente si tenemos en cuenta que 16 años atrás quedaban 90. A pesar de este hito, aún se trata del felino más amenazado por la desaparición. Es por ello que las autoridades españolas persiguen firmemente los delitos que atenten contra el el lince ibérico,
Según ha explicado la Guardia Civil, el pasado 14 de junio, un agente medioambiental localizó un cadáver de lince ibérico (Lyns Pardinus) en un coto de caza ubicado dentro del término municipal de Menasalbas. El animal fue disparado por una escopeta, según ha informado la Guardia Civil. Este ejempla, una hembra, se encontraba criando a cuatro cachorros de unos tres meses de edad. Una de las crías también ha sido localizada muerta y las otras tres no han sido halladas.
La madre, de nombre 'Nenufar', fue liberada en el mes de febrero del año 2017, dentro del Proyecto para la Recuperación de la Especie en Los Montes de Toledo. Tras el desgraciado hallazgo, los agentes transmitieron los hechos a la Unidad de SEPRONA de la Guardia Civil de Toledo. Tras una investigación enfocada en el entorno de las personas que transitan habitualmente la zona para cazar, se ha identificado al hombre que disparó. El responsable de la muerte de Nenúfar ha asegurado a la Guardia Civil que disparó porque confundió al animal con un zorro. En esta investigación han colaborado con el SEPRONA de la Guardia Civil de Toledo, técnicos de Medio Ambiente y Agentes Medioambientales, adscritos a la Dirección Provincial de Agricultura y Medio Ambiente
Ante el descubrimiento de la persona que disparó al felino, asociaciones ecologistas se han pronunciado. "Se pedirá la máxima pena que permite el artículo 334 del vigente código penal para delitos contra la fauna protegida, y que puede llegar hasta los dos años de prisión y hasta los cuatro años de inhabilitación para cazar. Asimismo, se solicitará una cuantiosa indemnización económica que podrá superar los 100.000 euros por los daños al patrimonio natural", han explicado desde Ecologistas en Acción de Toledo.
