La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, comparece en la Diputación Permanente del Parlament para informar por los casos de explotación sexual de menores tutelados y sobre los despidos a empleados por conductas sexuales inapropiadas en centros socioeducativos de menores judicializados. Antes, en la sesión previa de la Diputación Permanente, se va a debatir si comparece y cuándo el presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, para informar sobre el estado de la cuestión, las gestiones y protocolos del Consell de Mallorca referente a los menores tutelados por esta institución.
Prostitución en centros de menores
Las comparecencias se han convocado con motivo de la polémica surgida tras haber tenido lugar el llamado 'caso Corea', en el cual una joven fue objeto de una agresión sexual por parte, presuntamente, de un grupo de jóvenes, después de que algunos de ellos huyeran de los centros en los que estaban internos. Posteriormente, el Consell de Mallorca reconoció tener bajo su tutela a 16 menores víctimas de explotación sexual -15 niñas y un niño-, de los 278 adolescentes que tiene tutelados. A raíz de que el caso se diera a conocer, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, aseguró que "la explotación sexual infantil va más allá del sistema de protección o del gobierno autonómico". "No podemos ser ingenuos, esto no se arregla con un protocolo", agregó. Por su parte, la portavoz del Govern, Pilar Costa, defendió el pasado viernes el trabajo de todos los implicados en la atención a menores tutelados, y rechazó que se tuvieran que producir dimisiones. Si bien, explicó que el hecho de que no creyera necesario las dimisiones no suponía "rehuir de ninguna responsabilidad" por los casos de explotación sexual que afectan a menores tutelados.
La consellera ha declarado que se enteraron por la prensa de los casos denunciados. Después supieron que un trabajador tuvo coqueteos con una menor del centro, "una relación inadecuada"; que otra educadora fue vista sobre un menor, tumbados; que otra educadora realizaba masajes a un menor o mantenían conversaciones "inadecuadas". A partir de estas informaciones dice que se han tomado medidas, entre ellas despidos.
El portavoz de Més ha criticado el aprovechamiento político del caso, y ha añadido que "las niñas menores no se prostituyen porque sí, cuando hay un trato sexual con una menor es una explotación sexual. Y eso son actos que se tienen que actuar con medidas policiales y judiciales. Si no hubiera demanda no habría explotación, hay que focalizar el tema en la demanda de estas situaciones y no focalizarlo en los menores". A Vox lo que le llama la atención es que el movimiento feminista esté callado sobre este caso.
La oposición pide dimisiones
También los partidos políticos se han posicionado con respecto a este asunto. Así, varios grupos de la oposición en el Consell de Mallorca -PP, Cs y El PI- pidieron que se mejoraran los protocolos de actuación ante los casos de explotación sexual infantil. A nivel parlamentario, el presidente del PP en Baleares, Biel Company, pidió la dimisión de la consellera Santiago y Ciudadanos visitar Es Pinaret, Es Mussol y Es Fusteret. Mientras, Podemos ha pedido "esperar a conocer en profundidad todos los hechos" sobre la explotación sexual de menores tutelados y "evaluar" la situación después de la comparecencia de la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que pedirá "más recursos" al Ejecutivo central para abordar esta problemática. Según ha dicho, tanto la Fiscalía y la Policía tienen recursos especializados pero "es evidente" que se tiene que pedir que se amplíen.
También en el Congreso
Hay que destacar también que el caso de explotación de menores tutelados en Mallorca ha llegado al Congreso de los Diputados de la mano de los diputados de las Islas. De este modo, el PP ha pedido la comparecencia del vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para que se pronuncie sobre este caso. Por su parte, Ciudadanos ha presentado varias iniciativas con las que instar al Gobierno a impulsar la revisión de los protocolos de prevención, detección y actuación vigentes para aumentar y mejorar en la eficacia a en coordinación con las comunidades autónomas. Mientras, el diputado por Baleares del Vox en el Congreso, Antonio Salvá, ha presentado una batería de preguntas escritas al Ejecutivo central.
