CONGRESO ANUAL DEL PARTIDO CONSERVADOR

La ministra del interior británica propone eliminar la ley de derechos humanos

Theresa May subrayó la necesidad de rebajar y controlar el número de inmigrantes que tiene el país y abogó, por la eliminación de la ley británica de derechos humanos, que refleja en la legislación británica el contenido de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La Ministra del Interior Theresa May

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Los planes del Ejecutivo británico para "reducir y controlar" la inmigración "descontrolada" del Reino Unido centraron un duro discurso de la titular de Interior, Theresa May, en el congreso anual del Partido Conservador en Manchester.

La ministra arremetió contra el legado del anterior Gobierno laborista y anunció una modificación de la legislación británica para facilitar la deportación de extranjeros que han estado en prisión y que invocan el derecho a la familia para permanecer en el país.

May subrayó la necesidad de rebajar y controlar el número de inmigrantes que tiene el país y abogó, en clara discrepancia con los liberaldemócratas -sus socios en el Gobierno de coalición, por la eliminación de la ley británica de derechos humanos, que traspone a la legislación local el contenido de la Convención Europea de Derechos Humanos.

"Todos conocemos historias sobre la ley de derechos humanos: el traficante de drogas que no puede ser deportado porque tiene una hija aquí por la que no paga manutención; el ladrón al que no se puede expulsar porque tiene novia, o el inmigrante ilegal que no puede ser deportado porque -y no me lo invento- tiene un gato", enumeró, entre exclamaciones de incredulidad de los delegados.

El problema radica en la interpretación que los tribunales británicos hacen de esa ley, según May, que opinó que el derecho a la vida familiar no debe desbaratar el sistema migratorio nacional. Esa ley de derechos humanos, de 1998, pretende facilitar la aplicación y reconocimiento en el Reino Unido de los principios que se recogen en la Convención europea en materia de derechos humanos, de manera que, en caso de litigio, no habría que acudir en primera instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

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