El Tribunal de Cuentas ha detectado un cúmulo de irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de las oficinas de la Generalitat catalana en el extranjero, incluido el desvío de subvenciones directas de cooperación internacional, que podrían haber ido a parar a promocionar el 'procés' en el exterior.

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves el informe elaborado a petición de la Comisión Mixta del Congreso y Senado que fiscaliza la actuación de las oficinas que formaban parte del llamado Diplocat, un órgano que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió a finales de 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La fiscalización ha detectado que falta documentación que justifique el elevado volumen de gastos acometidos, especialmente en las delegaciones en el exterior, cuya acción en los últimos años ha estado dirigida a promover una modificación del estatus de Cataluña, es decir, a conseguir su independencia.

De 2011 a 2017 se gastaron al menos 416,8 millones en acción exterior, cantidad que podría ser superior porque hay conceptos que no han podido ser determinados. Ese es el caso, por ejemplo, de los gastos de personal de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea (Saeue) del departamento de la Presidencia (2011-2015), cuyas actividades estaban dirigidas, en muchos casos, a finalidades ajenas a sus competencias, por ejemplo dar a conocer, impulsar, publicitar y conseguir el respaldo internacional al proceso soberanista.

También se realizaron contratos sobre materias ajenas a la competencia de la Saeue y se concedieron subvenciones de manera directa, sin concurrencia pública, a entidades que promocionaban el proceso soberanista, al tiempo que se desviaron a la acción exterior subvenciones directas para la cooperación internacional.

Las llamadas 'embajadas' catalanas actuaron al margen de sus competencias y fuera de su respectivo ámbito geográfico, incumpliendo sus funciones, y los presupuestos asignados no recogían todos los gastos imputables, como los alquileres de algunas sedes. El desembolso total de estas delegaciones exteriores durante el periodo fiscalizado ascendió, al menos, a 27,2 millones de euros, dice el Tribunal, que considera que se realizaron gastos "cuya finalidad y justificación, en la práctica, es imposible". Así las cosas, entre 2013 y 2016 se han encontrado 456 actividades relacionadas con el proceso soberanista, aunque podría haber "muchas otras".

Según el Tribunal de Cuentas, el Diplocat ha incurrido en numerosas irregularidades en materia de contratación, incluyendo el fraccionamiento de contratos, el pago a varios observadores internacionales, la elaboración de informes relacionados con el proceso soberanista y la concesión de subvenciones sin justificar.