Pensiones
El Tribunal de Cuentas detecta el desvío de 2.389 millones de euros europeos a pensiones
El organismo cuestiona el uso de fondos del plan de recuperación y señala falta de justificación jurídica.
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El Tribunal de Cuentas ha identificado el uso de 2.389 millones de euros procedentes de fondos europeos para el pago de pensiones, según recoge la Declaración de la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024. El informe se ha aprobado en un momento en el que se eleva la tensión interna y se sucenden discrepancias entre sus miembros.
El organismo señala que la medida se adoptó ante la falta de crédito suficiente para cubrir compromisos vinculados a pensiones de clases pasivas y complementos a mínimas. En ese escenario, se autorizaron modificaciones presupuestarias financiadas con remanentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Dudas sobre la legalidad
El informe apunta a que esta actuación presenta incertidumbre jurídica. "A juicio del Tribunal, esta actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados", recoge el documento, que cuestiona la aplicación de estos fondos en ese ejercicio.
La decisión fue adoptada bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por María Jesús Montero. Desde el departamento se argumentó que se trataba de un uso "excepcional" y que no afectaba a los compromisos con Bruselas al tratarse de recursos "sobrantes".
El Tribunal también pone el foco en la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. La prórroga de las cuentas anteriores generó, según el informe, incertidumbre en la aplicación de normas de gestión.
Durante el ejercicio analizado, los créditos finales superaron en más de 77.000 millones de euros a los iniciales, en gran parte financiados mediante deuda.
División interna
La aprobación del informe ha evidenciado diferencias entre los consejeros del organismo. Varios miembros han emitido votos críticos al considerar que el documento no refleja con suficiente dureza las irregularidades detectadas. Incluso se ha registrado un voto en contra, un hecho sin precedentes en este tipo de resoluciones.
Entre las voces discrepantes, se cuestiona especialmente el destino de los fondos europeos, recordando que estos recursos deben emplearse en actuaciones que se ajusten a su marco regulatorio.
El análisis también recoge que el sistema de la Seguridad Social mantiene un patrimonio neto negativo por octavo año consecutivo, financiado mediante préstamos del Estado. El organismo insiste en la necesidad de adoptar medidas que garanticen su sostenibilidad.
Además, detecta una sobrevaloración del resultado presupuestario y la existencia de pagos pendientes de justificar fuera de plazo.
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