Pedro Sánchez y Pablo Casado, en una imagen de archivo

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JEC

El Supremo obliga a Pedro Sánchez y a Isabel Celaá a pagar cada uno 1.000 euros al PP

El hecho se debe a la entrevista que concedió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa con "connotaciones electorales", según la JEC. Y en el caso de Isabel Celaá, a unas declaraciones tras el Consejo de Ministros durante el periodo electoral.

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Isabel Celaá, contra la personación del procurador del Parido Popular presentaba en la Junta Electoral Central (JEC) por vulnerar la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral, y les ha condenado a pagar 1.000 euros en favor de cada una de las partes recurridas.

El origen fue una entrevista del presidente Sánchez en el Palacio de La Moncloa el 25 de octubre de 2019 y, posteriormente, unas declaraciones de Celaá en el Consejo de Ministros cinco días después. Ambos casos fueron denunciados por el PP y la JEC matizó que hubo "connotaciones electoralistas" que vulneraron el principio de neutralidad, por lo que sancionó al presidente con 500 euros y a la ministra con 2.200 euros.

El procurador del PP, Manuel Sánchez-Puelles, solicitó en julio personarse como demandado en los dos casos, contra Sánchez y Celaá. Dicha personación se admitió y los dos miembros del Gobierno recurrieron a una reposición.

El Tribunal Supremo ha señalado que el decreto de la letrada de la administración de justicia que se ha recurrido "expresa de forma clara y concisa que el expediente sancionador que finalizó en la resolución de la JEC impugnada (...) se inició mediante escrito de reclamación del PP", por lo que "la JEC estaba obligada a emplazarle ante esta Sala, como así hizo y dicho partido político ha comparecido correctamente".

En el caso de Pedro Sánchez el JEC señaló que su entrevista tuvo "connotaciones electoralistas" al hablar de candidato del PSOE y que usó medios públicos al grabarse en el Palacio de La Moncloa y la transcripción de la entrevista se publicó en la web del Ejecutivo.

En el caso de Isabel Celaá, la Junta Electoral Central la sancionó por hacer "manifestaciones valorativas de logros alcanzados en materia de empleo, con clara connotación electoralista".

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