Lo que dice el reglamento sobre el borrado del móvil del fiscal general del Estado

Una de las claves en la investigación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es el borrado de su teléfono móvil. En su declaración ante el Tribunal Supremo (TS) -a la ha tenido acceso Antena 3 Noticias-, García Ortiz cita varias directivas para justificar el borrado de documentos y mensajes de su móvil.

La primera directiva es la Ley de Protección de Datos. Pero, después de analizar esa norma, no aparece ningún detalle específico que ordene al fiscal general eliminar periódicamente sus mensajes. También menciona García Ortiz el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Pero ese reglamento tampoco detalla de forma concreta el borrado al que se refiere el fiscal general del Estado, aunque sí especifica que cada Estado puede legislar para la protección de "datos sensibles" y se debe salvaguardar la seguridad del Estado.

La propia Fiscalía defiende que ese borrado también está justificado en una guía interna. Esa instrucción hace referencia a no almacenar indefinidamente un dispositivo, o borrar aquellos que estén en desuso. El fiscal asegura que cambia de móvil cada pocos meses. "Ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera", dijo en el Supremo García Ortiz.

La declaración de García Ortiz

El fiscal general también insistió en que conoció los correos después de que se publicaran en los medios de comunicación. García Ortiz no tiene constancia de que se produjera la filtración desde la Fiscalía General del Estado o desde la Fiscalía Provincial de Madrid. Además, señaló que no quiso perjudicar a la pareja de Ayuso "en absoluto": "El señor Amador es un ciudadano con todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales".

Negó en hasta cinco ocasiones esa revelación de secretos de la que se le acusa y dijo no haber filtrado el asunto concreto a personas vinculadas a Presidencia del Gobierno. Confesó que tras reflexionar sobre los acontecimientos considera que cometió un "error" porque desde el momento en que tuvieron conocimiento de que "era una persona relevante y con trascendencia pública quien era denunciado por la Fiscalía" --el 7 de marzo-- tendrían que "haber dado una nota de prensa, una nota informativa".

"De esa manera protegíamos también el ámbito de intimidad del señor Amador, puesto que una nota de prensa encapsula de alguna manera todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada", apostilló García Ortiz.

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