El escándalo desatado por la acusación a un embajador y un diputado del PP de actuar como comisionistas ha irrumpido estos días en la campaña electoral y los demás partidos se han lanzado al ataque, sumando este asunto a los casos de corrupción del Partido Popular. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también se ha referido a esas acusaciones.
Los negocios de los dos en el exterior están en entredicho. La oficina de conflicto de intereses investiga al embajador en la India, Gustavo de Arístegui, que podría haber cobrado por lograr en el extranjero contratos para empresas españolas.
Tanto él, como el diputado por Segovia Pedro Gómez de la Serna también tienen una investigación abierta por parte del Partido Popular porque compartían esos negocios. Ellos niegan todas las acusaciones.
Aseguran que todo es legal y que los movimientos han sido declarados y autorizados por el Congreso. Desde la oposición lo tienen claro. Albert Rivera pide su dimisión, y Pedro Sánchez afirma que "el PP tiene tal excedente de corrupción que lo que hace es exportarlo a otros países".
El Gobierno recuerda las medidas puestas en marcha esta legislatura para atajar todos los casos de corrupción: “hemos cambiado las leyes en este gobierno para que esto sea así y sea posible”, ha dicho la vicepresidenta.
“En cuanto hay cualquier información que pudiese suponer una violación de las leyes –señala-, la oficina de conflicto de intereses abre un procedimiento al respeto, y así lo ha realizado”. Y pide respetar la presunción de inocencia.
