El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha reiterado que el extesorero del PP Luis Bárcenas no se acogió a la amnistía fiscal y ha recalcado que será un juez quien determine la licitud o no de las rentas declaradas.
En un comunicado, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se ha reafirmado en su declaración previa al señalar que Bárcenas "no ha presentado la DTE", en referencia a la Declaración Tributaria Especial, y ha criticado a quienes defienden que la amnistía fiscal suponga un mecanismo para "legalizar las conductas ilícitas que hayan generado recursos económicos".
En cualquier caso, el Ministerio ha incidido que acogerse a la amnistía fiscal no supone "legalizar las conductas ilícitas que hayan generado recursos económicos" de modo que "quien haya cometido un delito de blanqueo o de malversación seguirá siendo responsable de tales delitos".
Hacienda ha hecho estas aclaraciones tras conocerse que la defensa de Bárcenas ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el 'caso Gürtel', en el que asegura que regularizó 10.988.040 euros tras acogerse a la amnistía fiscal.
El Ministerio, por su parte, ha reafirmado la declaración realizada por la Agencia Tributaria el pasado 17 de enero desmintiendo que Bárcenas, al que la Audiencia Nacional localizó cuentas bancarias en Suiza en las que llegó a tener 22 millones de euros, se hubiera acogido a la amnistía fiscal.
En el escrito presentado este miércoles ante el juez Ruz, la defensa del extesorero del PP explica que estos 10,9 millones de euros corresponden "a fondos a nombre de (la sociedad) Tesedul no declarados en su día y ahora regularizados".
Esta cantidad, según su defensa, correspondería a una declaración de impuestos que no habría prescrito. El departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha incidido además en que la regularización del dinero a través de la amnistía fiscal es un "procedimiento transparente, en el que se exige que se deje constancia del titular real de los bienes y derechos" y ha recordado que la Abogacía del Estado se ha personado en el procedimiento judicial en representación de la Agencia Tributaria y colaborando en la investigación.
Así, Hacienda ha hecho hincapié en que ninguna persona física que tenga iniciado un procedimiento de regularización tributaria en vía administrativa o en vía judicial con carácter previo a la presentación de la DTE "evita la continuación del proceso ni la posible condena por la presentación de la citada declaración, ni personalmente ni a través de una sociedad interpuesta".
"La normativa aprobada para la DTE no ha modificado en nada los procedimientos aplicables, de modo que quien haya cometido un delito de blanqueo o de malversación seguirá siendo responsable de tales delitos", ha concluido el Ministerio.
