Una manifestación multitudinaria marchó en Sevilla desde el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, hasta el Parlamento andaluz, para exigir la retirada del decreto ley de reordenación del sector público andaluz.
La Delegación del Gobierno y la Policía Local aseguraron carecer de datos de participación.La Administración autonómica la ha cifrado en unas 10.000 personas, mientras que el sindicato CSIF ha asegurado en una nota que han sido 45.000 personas.
"Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba", "Griñán, cateto, deroga el decreto" y "A la Administración por oposición" algunas de las consignas coreadas en la manifestación, convocada por el sindicato CSIF y una docena de organizaciones más y cuya pancarta de cabecera decía: "Derogación de decreto ley 5/2010 ¡ya! Por una Administración imparcial y no politizada".
También convocada con el lema "Por unos servicios públicos de calidad. No al enchufismo y la privatización", los manifestantes sostienen que con esta norma se pretende hacer fijos, en igualdad de condiciones con los funcionarios, al personal de las empresas públicas andaluzas, unas 20.000 personas que no han aprobado unas oposiciones para acceder a sus puestos de trabajo.
Han participado en la manifestación, además de funcionarios, trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua, luciendo lemas contra su "privatización", y un grupo de militantes andalucistas con su líder, Pilar González, a la cabeza.
Los manifestantes han hecho sonar bocinas, sirenas, pitos y cencerros durante todo el trayecto, que ha tardado casi tres horas en recorrer todo el trayecto por la ronda histórica, cuyo tráfico ha debido ser cortado en ambos sentidos, así como el tranvía que conecta el Prado de San Sebastián con el centro y varias líneas de autobuses.
La responsable de Administración autonómica de CSIF, Alicia Martos, recordó que en esta manifestación no se piden más remuneraciones ni mejores condiciones laborales "sino que se cumpla la Constitución y se cumplan las leyes, y para que se preste un servicio a los ciudadanos con objetividad e independencia".
La protesta de los funcionarios se alarga ya más de seis meses por lo que Martos calificó de "rechazo absoluto" a una norma que calificó de "inconstitucional, ilegal" y que "deja sin independencia a la Administración autonómica" y arrebata a los ciudadanos "un patrimonio como es una Administración imparcial y eficaz".
Con esta manifestación, los funcionarios tratan de hacer ver a los grupos parlamentarios de Andalucía, ya que la norma se tramita ahora como proyecto de ley, "el amplio grado de disconformidad" que suscita entre ellos, y la consiguiente "pérdida de garantías, independencia, objetividad y eficacia" de la Administración.
