REGISTRO EN SAGUNTO

La policía busca pruebas en el ayuntamiento

Registro en el Ayuntamiento de Sagunto. Agentes de la UDEF, la unidad de delincuencia económica de la policía, llevan toda la mañana dentro del consistorio.

Buscan documentos sobre la gestión de dos alcaldes del PP, que dirigieron el ayuntamiento entre 2007 y 2015. Intentan aclarar si hubo irregularidades en las áreas de Contratación, Urbanismo y Medio Ambiente.

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Se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en el paralamento valenciano y presidente del comité de Derechos y Garantías de su partido. El Juzgado investiga a doce personas físicas (concejales y exconcejales) y seis personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares. La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles, eludiendo así la Ley de Contratos del Sector Público. Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública. En el marco de estas diligencias se ha desarrollado la operación policial de hoy, encaminada a asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha. El exalcalde niega cualquier irregularidad.

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Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista, durante su comparecencia en el Senado

La UCO señala que el PSOE pagó a Leire Díez 43.225 euros a través de Gaspar Zarrías y el despacho de Ismael Oliver

En el oficio, la UCO indica que la presunta fontanera del PSOE habría cobrado del partido a través de la consultora de Gaspar Zarrías y el despacho de abogados de Ismael Oliver.

Imagen de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz

El hermano de Pedro Sánchez, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa

La Audiencia Provincial de Badajoz ha determinado que David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo no podrán ejercer empleo o cargo público en ese tiempo.