A LAS 16:00 HORAS

La Junta de Portavoces del Parlament se reúne este lunes para fijar el primer pleno post 1-O

Este jueves, el portavoz adjunto de JxSí, Roger Torrent, afirmó que "es lógico, razonable y recomendable que tras el referéndum del 1-O se reúna la Junta de Portavoces el 2 de octubre para ver cómo actúa el Parlament en función de los resultados del día anterior".

Carme Forcadell, durante la comparecencia

Carme Forcadell, durante la comparecenciaantena3.com

Publicidad

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocado para el próximo lunes a las 16.00 horas una reunión de la Junta de Portavoces para determinar el día y el orden del día del próximo pleno, el primero después del 1-O, en el que Junts pel Sí (JxSí) y la CUP podrían proclamar la independencia.

Según la Ley del Referéndum aprobada por el Parlament el 6 de septiembre y suspendida por el Tribunal Constitucional, "dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral", se celebrará una "sesión ordinaria" en el Parlament para "efectuar la declaración formal de la independencia, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente", en caso de que haya vencido el 'sí' en las urnas.

Este jueves, el portavoz adjunto de JxSí, Roger Torrent, afirmó que "es lógico, razonable y recomendable que tras el referéndum del 1-O se reúna la Junta de Portavoces el 2 de octubre para ver cómo actúa el Parlament en función de los resultados del día anterior".

Publicidad

Crisis en Ceuta

Muere un joven migrante en el asentamiento de la antigua fábrica de Guano

El ministro marroquí ha insistido en que ellos sí quieren que vuelvan los inmigrantes que entraron en España, tanto los mayores de edad como los menores. Pero que España no lo permite.

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno negocia contra reloj su nuevo decreto de vivienda mientras la expropiación divide a la coalición

El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.