Joaquim Bosch ve "posible" que Pedro Sánchez declare como testigo por la crisis migratoria de Ceuta

El pasado 31 de julio, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el presidente del Gobierno se desplazó hasta la ciudad autónoma definiendo lo ocurrido como "una violación de la integridad territorial de España". Más de un mes después, la Audiencia Nacional investiga esta causa en la que el Gobierno ha anunciado que se va a personar.

Para el magistrado Joaquim Bosch es relevante que el órgano jurisdiccional "asuma la competencia y todas las diligencias de la causa que considere que puede haberse cometido en delitos contra la independencia del Estado, delitos de tráfico de personas, de favorecimiento de la inmigración ilegal", así como "delitos de homicidio imprudente por las personas que murieron".

Explica que tras ello, intentarán reconstruir los hechos y aclarar lo que ocurrieron aquellos días de julio. Además, asegura que "puede intentar llegar hasta el final", ya que la autoridad judicial no tiene "condicionantes diplomáticos para no contar quizás todo lo que ocurrió por posibles conflictos con Marruecos" como sí sucede con "un Gobierno como el de España".

El Gobierno como testigo

En la misma línea, Bosch subraya que "es posible" que "miembros del Gobierno declaren como testigos" para "ver cuál fue la respuesta" de estos: "Pueden ser ser ministros, el propio presidente del Gobierno, otros cargos del gobierno que no estén en el Consejo de Ministros". Eso sí, tendrían que hacerlo como testigos, debido a que "la Audiencia Nacional no puede imputar a un miembro del Gobierno".

"Además los delitos contra la independencia del Estado en la variante de ataques a la seguridad nacional implicarían incluso mayoría absoluta del Congreso, es decir, que la Audiencia Nacional, si recabara declaraciones del Gobierno, tendrían que ser como testigos", aclara y habla de que "hay como una doble situación": "Por un lado la perspectiva de la jueza instructora es que hubo un ataque organizado desde Marruecos contra la integridad territorial del país, contra la seguridad nacional, implica a forzar la seguridad y, entre líneas, incluso a propios cargos gubernativos del país vecino, desde esta perspectiva el perjudicado sería el pueblo español, es decir, sería en las instituciones españolas y la representación es el Gobierno".

El magistrado señala que si el Gobierno entiende que "hay un perjuicio" "es lógico que se persone como perjudicado para defender esos derechos". Aunque, "al mismo tiempo, indudablemente, con el Gobierno dentro de esa causa, con el abogado del Estado interviniendo, cualquier información, cualquier dato que afecte al Gobierno puede ser defendido directamente".

El caso Plus Ultra

No obstante, Bosch también ha tratado otros frentes abiertos judiciales que rodean al Gobierno. Uno de ellos es el caso Plus Ultra que, tras la declaración de Julio Martínez, a quien se considera presunto testaferro del expresidente, vuelve a tomar relevancia, tras indicar el lunes "que actuó por cuenta de Zapatero y recibiendo cuantías económicas para que el expresidente interviniera en el rescate de Plus Ultra se ha complicado de forma añadida".

Todo esto llega tras indicar los directivos de la aerolínea que "pagaron dinero para que Zapatero interviniera", después de que el expresidente dijera "que nunca había gestionado nada" con ellos, así como "que nunca había cobrado nada" ni "intervenido de ninguna manera".

Juicio Begoña Gómez

Además, este martes el juez Peinado, que se encuentra a punto de jubilarse, ha llamado a Begoña Gómez para a declarar. Todo parece indicar de que va a confirmar le juicio con jurado popular, ya que el juez instructor "ya dictó ese auto de apertura judicial por los delitos de tráfico de influencias y de malversación, con lo cual si ya lo dictó es previsible que lo vuelva a dictar", apunta Bosch.

En este contexto añade que "tiene que repetir el auto porque además el juez instructor había añadido otros delitos, corrupción en los negocios y también apropiación indebida, pero la Audiencia de Madrid apartó esos otros delitos".

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El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar, aunque no tendrá que asistir