El hermano de Ximo Puig a juicio por estafa y falsedad documental en la obtención de ayudas públicas

El hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tendrá que ir finalmente a juicio. La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento de Francis Puig, acusado de fraude y falsedad documental en la obtención de ayudas públicas destinadas a fomentar el uso del valenciano en medios de comunicación.

Los magistrados de la Audiencia Provincial valenciana han rechazado los recursos presentados tanto por Francis Puig como por el empresario Juan Enrique Adell Bover, por lo que ahora ambos deberán enfrentarse a un juicio por presuntas irregularidades en la gestión de esas subvenciones. Según la acusación, los dos habrían presentado facturas falsas o duplicadas para acceder a fondos públicos concedidos en 2015 y 2016 por la Generalitat Valenciana.

Todo se remonta a marzo de 2019, cuando el Partido Popular presentó una querella ante un juzgado de Valencia contra el entonces director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y Francis Puig. Los populares denunciaron irregularidades en las ayudas concedidas a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, administradas por el hermano del expresident. Ambas compañías habrían recibido dinero para proyectos de promoción del valenciano que, según los investigadores, no se ajustaban a la realidad.

Meses después, el PP amplió la querella para incluir a Bover, al que vinculan con el supuesto entramado empresarial que habría participado en los mismos hechos. LA Audiencia Provincial sostiene en el auto que se habrían emitido facturas falsas a través de sociedades instrumentales, con domicilios ficticios o por trabajos que no se habrían realizado.

Más de cuatro años de cárcel

Tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación, califican los hechos como delitos de falsedad documental, estafa agravada y apropiación indebida. La Fiscalía solicita para Francis Puig una pena de 4 años y 10 meses de prisión, mientras que la Abogacía pide 4 años. Para Bover, reclaman tres años de cárcel. Además, el juez fijó fianzas de más de 147.589,29 euros para Puig y de 99.614,33 euros para el empresario.

Las defensas de ambos critican el auto de procesamiento y señalan que no fue dictado por el mismo juez que instruyó el caso y que el escrito habría sido "una copia casi literal" del documento presentado por la Fiscalía. Sin embargo, la Audiencia considera que existen indicios suficientes para sentarles en el banquillo.

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