ETA

El Gobierno vasco vuelve a conceder el tercer grado al preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'

El Gobierno vasco ha concedido este jueves el tercer grado a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas ('Gadafi') y Eneko Gogeaskoetxea, lo que ha desatado la indignación del Colectivo de Víctimas del Terrorismo.

El etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi

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El Gobierno vasco vuelve a conceder el tercer grado al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, condenado a 1.123 años de prisión. Es un caso polémico porque ya se lo concedieron en 2025 y fue revocado por el juez de vigilancia penitenciaria y lo devolvió a prisión.

Ahora el Gobierno vasco insiste y se lo vuelve a conceder para que salga a la calle. 'Gadafi' fue un terrorista sanguinario que ha estado detrás de 15 asesinatos, entre ellos el del niño de dos años Fabio Moreno en 1991 en Erandio, Bizcaia.

Según trasladan fuentes del Departamento de Justicia a EFE, también le han concedido el tercer grado al preso de ETA Eneko Gogeaskoetxea.

Indignación de las víctimas

Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) han mostrado su indignación ante las concesiones de estos terceros grados, y los tachan de "fraudulentos". Consideran que estas decisiones representan "una nueva muestra de amnistía encubierta" hacia los presos de ETA.

Denuncian que estas medidas suponen el acceso a regímenes de semilibertada condenados pordelitos graves de terrorismo sin exigir un arrepentimiento "real, público y verificable", acompañado de hechos concretos.

Consuelo Ordoñez, presidenta de la asociación, ha descrito un "vaciamiento progresivo de las cárceles" que nada tienen que ver con una política de reinserción, sino con las demandas de la izquierda abertzale desde el final de la actividad de ETA en 2011.

Ordoñez ha hecho hincapié en el caso de Gadafi, considerando de una mayor gravedad que, pese a haber cometido múltiples crímenes entre los que se encuentra el asesinato del pequeño Fabio Moreno, recibió este beneficio penitenciario en 2025, el cual acabó siendo anulado por la justicia. "No estamos ante errores aislados, sino ante una política deliberada", ha manifestado la presidenta del colectivo, que también acusa al Ejecutivo autonómico por insistir "en forzar la legalidad para conceder semilibertades a presos de ETA a pesar de que los tribunales ya le hayan advertido de que no debería hacerlo así".

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