El Gobierno aprobará la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas pese a las reticencias del sector

A pesar de las reticencias de algunos sectores, el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales se aprobará definitivamente el próximo martes en el Consejo de Ministros. Posteriormente, se trasladará al Congreso de los Diputados para que comience su tramitación parlamentaria.

"Vamos a reducir la jornada laboral, vamos a trabajar menos y vamos a mantener el salario, porque queremos trabajar menos para vivir mejor", ha afirmado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Se trata de una prioridad para el Gobierno, aunque es vista con desconfianza por sectores como el campo, la hostelería o la construcción.

Reducir la jornada laboral es prioritario para el Gobierno

"Podemos estar en alrededor de treinta y ocho horas y media de jornada forzosa o legal, pero lo que creemos necesario es tocar la jornada flexible, la jornada voluntaria. Esa parte en la que el trabajador puede adaptar su salario de manera unilateral diciéndole al empresario: 'quiero hacer horas extras para que me las abone', y así poder permitirse un capricho, un gasto extraordinario o ajustar su salario a sus necesidades en cada momento", afirma Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.

"Los trabajadores podrían ganar hasta 7.000 euros más al año si se les permitiese, de forma voluntaria, hacer esas horas extras", añade Alén.

La patronal de la construcción pide no limitar las horas extras para cumplir con los proyectos en marcha

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El sector asegura que sus ritmos de trabajo ya están condicionados por la climatología: con tiempo estable se trabaja de forma más dinámica. Otro de los elementos diferenciadores en la construcción es la movilidad geográfica, un factor clave, por ejemplo, en situaciones como la provocada por la DANA.

Actualmente, la participación de empresas y trabajadores de otras comunidades es imprescindible para atender a las localidades afectadas. Una mayor rigidez horaria podría afectar a la rentabilidad de esos desplazamientos. No sólo estaría en peligro la rápida vuelta a la normalidad de esas comarcas devastadas: también grandes operaciones urbanísticas en marcha o el plan para construir 184.000 viviendas podrían sufrir retrasos. La reconstrucción tras la DANA, entre los desafíos que podrían verse ralentizados con la reducción de la jornada.

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