La Generalitat enviará inspectores a los colegios para que no haya cuotas de castellano en las aulas

En Cataluña continúa la polémica por el uso del castellano en los colegios. El Govern ha aprobado un decreto ley sobre revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos en la comunidad. Ciudadanos ha respondido a esta medida abriendo la puerta a la aplicación del 155 en Cataluña si finalmente no se cumple la sentencia en la que se obliga a impartir, al menos, un 25% de asignaturas en castellano.

A favor del 155 si Cataluña no cumple

Inés Arrimadas y Carlos Carrizosa han denunciado esta situación ante el Tribunal Superior de Justicia: "Los miembros del Govern separatista se comportan como auténticos matones contra las familias que quieren ejercer su derecho a una educación también en castellano. Lo denunciamos ante la Fiscalía. Ni una afrenta nacionalista debe quedar sin respuesta", ha dicho la dirigente de la formación.

Por su parte, Carrizosa ha advertido que la Generalitat "intenta otra treta para burlar la sentencia del 25% de castellano en las aulas" y ha asegurado que llevarán "su decreto al Consejo de Garantías Estatutarias". Al respecto, el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña también ha puesto de manifiesto que no dejarán que "se sigan pisoteando los derechos lingüísticos de nuestros hijos".

El Govern enviará inspectores a los colegios

Mientras tanto, la Generalitat ha adelantado que enviará inspectores a las aulas para comprobar que no se aplican porcentajes en el uso del castellano. De hecho, el consejero catalán de Educación ha remitido una serie de "instrucciones" a los directores de los centros públicos y concertados de la comunidad para verificar que se ajustan a la propuesta lingüística del Govern y que no aplican una cuota mínima de castellano en las clases.

En este contexto, los colegios tendrán la obligación de constatar si "el proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular de aprendizaje".

En este contexto Josep Gonzàlez-Cambray, ha dejado muy claro que se debe "al alumnado y las familias, no a los tribunales".