La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya ha recibido la relación de los integrantes del comité médico que han firmado el informe sobre el estado de salud del preso etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga. Será incorporado ahora al expediente de libertad condicional del recluso.
Fuentes de Prisiones han señalado que la Secretaría ha solicitado ese listado después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya advertido de que el informe del Servicio Vasco de Salud no estaba firmado por "personas concretas" y faltaban el historial clínico y los antecedentes médicos del secuestrador de José Antonio Ortega Lara. La relación de los miembros de esa comisión médica se incorporará al expediente de libertad condicional que tiene que incoar la Junta de Tratamiento de la prisión de Zaballa (Álava) junto con el historial médico de Uribetxebarria Bolinaga, al que el pasado viernes se le concedió el tercer grado penitenciario.
En dicho expediente figurará la "expresa referencia" de que el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro dé traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional del listado de médicos que han elaborado el informe sobre el estado de salud del etarra. El pasado viernes la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias otorgó el tercer grado penitenciario al preso etarra, que este lunes cumple su decimotercer día en huelga de hambre, basándose en el "informe oficial" remitido por el Hospital Donostia de San Sebastián, que llegó "por los cauces reglamentarios". En ese documento consta el sello de ese centro hospitalario y el de la Consejería de Sanidad del País Vasco.
Instituciones Penitenciarias clasificó en tercer grado el pasado viernes al terrorista y propuso que cumpliera "estrictas reglas de conducta" si queda en libertad condicional. Así, sugería el alejamiento de sus víctimas o de los familiares directos de éstas, así como la prohibición de ausentarse, sin previa autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije su residencia. También planteaba que se le prohíba participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia, especialmente de la banda terrorista ETA, y que haga declaraciones que conlleven desprecio o desconsideración de las víctimas del terrorismo.
La postura de la Fiscalía, a principios de septiembre
A pesar del listado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá que se amplíe el informe médico sobre el preso de ETA antes de adoptar una postura sobre la concesión o no de la libertad condicional a este recluso, un decisión que podría tomar en el plazo de entre 10 y 15 días. Las fuentes jurídicas han señalado que la Fiscalía aún no ha recibido la notificación de la incoación del expediente de libertad condicional de Uribetxebarria-, trámite que debe realizar la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa (Álava).
Aparte de este informe, al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria debe llegar también otro informe que reclamó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre si el cáncer que padece el preso, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, puede ser tratado por los servicios penitenciarios hospitalarios. Una vez reciba estos informes, la clínica forense de la Audiencia tendrá que elaborar otro en el que constate el estado de salud del recluso, tras lo que se dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la procedencia o no de dejar en libertad provisional al etarra.
Una vez se conozca la postura de la Fiscalía, el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, podrá ya tomar una decisión sobre la excarcelación de Uribetxebarria.
Mientras continúan los trámites, el caso de Uribetxebarria ha concitado opiniones contrapuestas en el Partido Popular, ya que mientras el eurodiputado y exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha considerado que la concesión del tercer grado al preso significa un paso "en la mala dirección", el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha recordado que "la ley es la ley" y que, "por duro e incomprensible" que parezca, no se puede dejar de aplicar.
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que ha asegurado que el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es conseguir la derrota definitiva de ETA cumpliendo la ley, sin hacer concesiones a la banda terrorista y sin atajos. "Y para eso no hay atajos, pero lo que no se puede hacer es no cumplir con la legalidad vigente, que regula perfectamente estos casos de enfermedades terminales", ha asegurado Hernando.
