Amnistía

La Fiscalía de Madrid se opone a que los tribunales estudien la petición de paralizar la amnistía

El Ministerio público considera que "no es competencia del orden jurisdiccional civil".

La Audiencia Provincial de Madrid

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La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a que un juzgado de la capital estudie la petición de paralizar la ley de amnistía que prepara el PSOE tras los acuerdos con los independentistas. Llega bajo el marco de una demanda presentada contra PSOE, Junts, ERC, Sumar y contra la Mesa del Congreso y la Presidencia.

El Ministerio Público, según fuentes fiscales a Europa Press, interpuso un recurso de reposición ante el Juzgado de Primera Instancia 104 de Madrid después de que suspendiese la vista fijada para el próximo lunes para estudiar el asunto hasta que las partes presenten sus alegaciones sobre la posible falta de jurisdicción del propio Juzgado.

La Fiscalía considera que "no es competencia del orden jurisdiccional civil, ni siquiera del orden contencioso-administrativo, pues el enjuiciamiento, tanto de las pretensiones que afectan al fondo, como de las referidas a la justicia cautelar del litigio, corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional".

Explican que "dado que en el presente caso existe una manifiesta falta de jurisdicción", el juzgado se abstenga de estudiar estas medidas cautelares.

Vulneración al derecho de igualdad, según la demanda

La demanda defiende que la amnistía es una posible vulneración al derecho a la igualdad "ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia". La demanda entiende que "la futura aprobación de dicha amnistía puede estar vulnerando" sus derechos y el "principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" recogido en la Constitución.

"Las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales, fundamentalmente, aquellas que supongan una infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley y las reglas objetivamente determinadas", dice la denuncia.

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