El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que "el aborto tiene algo que ver" con ETA, "pero no demasiado", cuando en una rueda de prensa sobre las últimas detenciones de miembros de la banda terrorista ha sido preguntado por la reforma legislativa que planea el Gobierno.
"Primero hablamos de lo de hoy y luego de otras cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA. Bueno, tiene algo que ver, pero, en fin, no demasiado", ha contestado el ministro para posponer su respuesta sobre el tema.
Cuando agotado el tema terrorista se ha referido por fin a la modificación de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, Fernández Díaz ha cerrado filas en torno al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al afirmar que apoya "de la A a la Z" los planteamientos que ha venido expresando al respecto.
"Estoy totalmente de acuerdo con el ministro de Justicia", ha señalado Fernández Díaz preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa en la sede del Ministerio del Interior en la que se ha referido a una reciente intervención de Gallardón en el Congreso de los Diputados, en la que al responder al PSOE estuvo "brillante" al definir la postura del Gobierno sobre la regulación del aborto. "Respondió a una interpelación del Grupo Parlamentario socialista sobre eso en el Congreso, recibió un aplauso unánime de todos los diputados del Grupo Popular que estaban en el Hemiciclo en ese momento, yo estaba presente, a su lado en el banco azul, y tengo que decir que apoyo de la A a la Z todo lo que dijo y como lo dijo el ministro Gallardón, que hizo una brillantísima defensa de lo que es la posición del Gobierno", ha señalado.
Esa posición, según ha dicho, es "como no puede ser de otra manera, volver a la doctrina del Tribunal Constitucional" que, conforme ha recordado el ministro del Interior, "en reiteradas ocasiones se ha pronunciado al respecto". El número tres del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, en una entrevista, afirmó que en su opinión no tendría sentido que la reforma hiciera retroceder la legislación española a los tiempos anteriores a 1985, cuando se aprobó la extinta ley de plazos que, a su juicio, "funcionó razonablemente bien" y es a la que se debería volver ahora.
