La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha instado al presidente catalán, Quim Torra, a condenar con "claridad" la "potencial violencia" de los Comités de Defensa de la República (CDR), siete de cuyos miembros se encuentran en prisión por preparar presuntamente atentados. Después de que el Parlament fuera escenario de una tensa bronca entre diputados independentistas -que protestaban por la entrada en prisión de los activistas de los CDR- y la bancada de Ciudadanos, Celaá ha rechazado "de plano" unas palabras de Torra en las que acusó al Estado de querer "criminalizar" al independentismo. Celaá ha asegurado que el Gobierno no va en contra del independentismo mientras se ejercite dentro de la Constitución. "Y mientras sea así, no hay nada que decir", ha añadido la portavoz, que ha exigido a Torra que sea "muchísimo más exigente ante una potencial violencia de los CDR". En la reunión del Consejo de Ministros también se ha abordado la aprobación de varias resoluciones en el Parlament, como la que avala la "desobediencia civil e institucional" para defender derechos civiles, políticos y sociales, apoyada por JxCat, ERC y la CUP. El Gobierno ha tomado la "decisión política" de impugnar las resoluciones que legitimen la desobediencia civil e institucional y dará instrucciones a la Abogacía del Estado para que estudie su contenido una vez que se publiquen oficialmente junto al dictamen del Consejo de Estado. Celaá ha señalado que varias de estas resoluciones son una "clara extralimitación y un ataque a la convivencia entre catalanes". JxCat, ERC y la CUP también unieron sus votos para aprobar una resolución que pide la "retirada" de los efectivos de la Guardia Civil y otra que aboga por una respuesta institucional a la sentencia del 'procés' que pase por el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" y por reclamar una "amnistía" si hay condenas. Si bien el Gobierno está dispuesto a impugnar estas tres resoluciones, ha descartado aplicar el artículo 155 ya que no se dan las circunstancias para su aplicación, al no haberse vulnerado la ley ni perjudicado gravemente el interés general.
Mientras tanto, siguen las manifestaciones y declaraciones criticando que se relacione al independentismo con actos violentos. Torra ha decidido al mediodía retirar la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados" que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenara a los Mossos d'Esquadra quitarla "de forma inmediata". No ha hecho falta que agentes de los Mossos retiraran la pancarta que mantenía colgada Torra, sino que personal de mantenimiento se ha encargado de ello, un episodio análogo al que ocurrió antes de las elecciones generales del 28 de abril.
Horas más tarde, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Silvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, han desplegado una nueva pancarta en el balcón del Palau, con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", la misma que sirvió para sustituir en marzo la pancarta sobre los presos. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha reprochado "el espectáculo lamentable" ofrecido ayer por la cámara catalana, con la bronca al final del debate de política general, y ha reconocido que sintió "vergüenza" por lo ocurrido. La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que siente "indignación y vergüenza" por la estrategia de Ciudadanos, que en su opinión pasa por convertir el Parlament en un "circo" y un "teatro" para ganar votos en España de cara al 10N.
