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Cristóbal Montoro abandona el Partido Popular tras la apertura de un expediente interno
Los populares destacan que Montoro era el único afiliado de todos los cargos imputados.
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El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha comunicado al PP su decisión de abandonar la militancia del partido, que anoche le abrió un "procedimiento de información" tras conocerse que un juzgado de Tarragona le está investigando por favorecer presuntamente a empresas fabricantes de gases industriales. El PP ha informado en un comunicado que ese procedimiento queda ahora en suspenso. Los populares destacan que Montoro era el único afiliado de todos los cargos imputados.
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona investiga a Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, y a su equipo por crear supuestamente una "red de influencias" que impulsó modificaciones legislativas para favorecer a fabricantes de gases industriales a cambio de "importantes pagos" a la sociedad Equipo Económico (EE), de la que fue socio fundador y presidente.
El juez atribuye a una treintena de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Poco antes de que el PP diera a conocer la baja de Montoro como afiliado, el PSOE había denunciado en redes sociales que pasaban las horas y los populares ni expedientaban ni expulsaban a Montoro.
Los socialistas querían saber si otro imputado, Miguel Ferre, seguía en el equipo económico de Alberto Núñez Feijóo; "Silencios, malas contestaciones y lo de siempre: estado de negación", criticaban en un mensaje en 'X'. La baja del exministro se produce tan solo un día después de que un juez de Tarragona imputara al exministro de Hacienda por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes de un despacho de abogados que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno, según consta en una auto al que ha tenido acceso Europa Press.
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¿Por qué le investigan?
El juez sostiene que Cristóbal Montoro habría utilizado presuntamente sus competencias en el proceso legislativo de su ministerio para beneficiar al despacho Equipo Económico (EE). Según el magistrado, este uso de facultades podría haber garantizado una ventaja económica directa a EE.
El auto judicial señala que dicho aprovechamiento de potestades habría permitido a EE ofrecer a distintas compañías de diversos sectores reformas legales diseñadas para favorecer sus intereses particulares, en perjuicio del interés público.
Además, el juez indica que Montoro nombró en cargos de alta responsabilidad a personas con estrechos vínculos con EE. Esto habría facilitado que la redacción y tramitación de anteproyectos de ley y reglamentos se realizara "a medida" de las empresas implicadas, las cuales se habrían comprometido a pagar por esos servicios.
La investigación, que hasta ahora se había mantenido bajo secreto judicial, incluye a varios ex altos cargos del Ministerio de Hacienda durante la etapa de Montoro. Entre ellos figuran el exsecretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré, la exsubsecretaria de Presupuestos Pilar Platero, el exsubsecretario de Hacienda Felipe Martínez y el exdirector general de Tributos Diego Martín-Abril, entre otros.
También se investiga a varias empresas del sector gasista agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) —entre ellas Air Liquide, Abello, Messer, Praxair (Nippon Gases) y Sociedad Española de Carburos Metálicos—, que habrían accedido a pagar las cantidades exigidas por Equipo Económico a cambio de conseguir reformas fiscales favorables.
El juez expone que estas empresas, tras varios intentos infructuosos con otras consultoras para impulsar cambios legislativos, recurrieron finalmente a EE. A pesar de la falta de avances previos y sin causa aparente, esta firma logró que se atendieran sus demandas, llegando incluso AFGIM a redactar directamente los textos legales, todo ello mediante pagos sustanciales.
Desde 2013, algunas compañías del sector gasista habrían intentado sin éxito obtener una modificación normativa que les permitiera una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Para ello, recurrieron a diferentes vías, como la presentación de una enmienda a través del grupo parlamentario del PP o el envío de cartas al secretario de Estado de Hacienda, sin resultados favorables hasta acudir a EE.
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