Procés
Tres miembros del Instituto Catalán de Finanzas dimitieron antes de que se activase el aval para el Tribunal de Cuentas
Las renuncias llegaron horas antes de que se aprobase el aval de 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat.
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Tres miembros independientes de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, han dimitido de sus cargos antes de que este organismo apruebe activar el aval de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat.
La Junta de Gobierno del ICF, el equivalente al consejo de administración de un banco, aprobó el pasado miércoles, día 21, activar el mecanismo previsto para que el banco público de la Generalitat presente el aval por los encausados por el Tribunal de Cuentas por haber promovido el "procés" en el extranjero.
Los consejeros independientes del ICF Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger cesaron de su cargo antes de esta votación, que finalmente se aprobó con un ICF dividido, según ha avanzado el diario La Vanguardia.
El ICF, dividido
El ICF aprobó, dividido, avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat por haber promovido el procés en el extranjero.
La operación fue aprobada, según han avanzado La Vanguardia y Ara, gracias al voto de calidad del presidente de la junta de gobierno del ICF, Albert Castellanos, que fue secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y Economía con el ahora president, Pere Aragonès, y que en esta legislatura es secretario de Empresa y Competitividad.
La participación del ICF estaba contemplada en el decreto ley que aprobó el Govern para avalar las fianzas y solo se tenía que activar si la Generalitat no podía encontrar un banco que se hiciese cargo de la operación, como así ha ocurrido.
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Después de que el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, constatara públicamente el martes que, efectivamente, no había sido posible aún encontrar un banco dispuesto a avalar las fianzas, entre los socios del Govern surgieron tensiones y dudas sobre si se tenía que activar el ICF, algunos de cuyos miembros habían expresado sus reticencias a involucrarse en esta operación.
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