Tribunal de cuentas

La Generalitat cubrirá con el IFC las fianzas del Tribunal de Cuentas de los 34 ex altos cargos

El Govern, entre tensiones internas, usará finalmente el Instituto Catalán de Finanzas como aval para el pago de 5,4 millones por los supuestos gastos indebidos en la promoción exterior del proceso independentista.

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Después de que el Govern haya rectificado este miércoles su anuncio del día anterior y haya decidido activar el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para avalar las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat, finalmente la Junta de Gobierno del ICF ha aprobado en la tarde de este miércoles activar el aval a las fianzas.

Veinticuatro horas después de descartar en rueda de prensa la posibilidad de involucrar al ICF en la operación, el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha anunciado desde el Parlament este cambio de criterio, el mismo día en que vence el plazo para abonar las fianzas del Tribunal de Cuentas.

El pasado 6 de julio, el Govern aprobó por decreto la creación de un fondo dotado con 10 millones de euros para ayudar a los 34 ex altos cargos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado con dinero público el procés en el extranjero.

Se aprueba el aval para cubrir las fianzas

En la tarde de este miércoles, la Junta de Gobierno del ICF, máximo órgano colegiado de gobierno de la entidad financiera pública de la Generalitat, ha aprobado activar el aval a las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos de la Generalitat.

Por su parte, fuentes del departamento de Economía, señalan que se está trabajando para tramitar toda la documentación necesaria para hacerla llegar al Tribunal de Cuentas. Aun así, todavía se desconoce por qué importe se activará el aval y quién lo firma. Aunque fuentes de ERC aseguran que Albert Castellanos, ex secretario general del departamento de Economía de la Generalitat y actual secretario de Empresa y Competitividad, se habría posicionado a favor de la implicación del ICF en la reunión que ha tenido lugar esta tarde.

El obstáculo de los bancos

Los ex altos cargos de la Generalitat habían optado por garantizar la fianza con su patrimonio personal, a lo que se sumaría el dinero recaudado en la llamada Caja de Solidaridad, puesto que el Govern no había encontrado ningún banco para avalar esas cantidades y había descartado hacerlo a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para no comprometer a los profesionales de la entidad.

El sistema financiero ideado por la Generalitat para salvar la situación topó primero con la negativa de los principales bancos para avalar la operación. Un total de 31 de los 34 ex altos cargos del Govern afectados, entre ellos Artur Mas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, se habían acogido al Fondo Complementario de Riesgos creado para avalar las fianzas.

De acuerdo con el decreto que aprobó el Govern, el funcionamiento del Fondo sería similar al de un seguro privado: una entidad financiera avalaría las fianzas, con un contraaval de la Generalitat que se canalizaría a través del ICF.

Tensión entre socios del Govern

La situación había provocado en las últimas horas tensiones internas entre los miembros del Gobierno de la Generalitat.

El anuncio de Giró, que implicaba que los 34 ex altos cargos tendrían que buscar fórmulas alternativas para reunir todo el dinero de las fianzas y evitar los embargos a su patrimonio, ha generado malestar en una parte del independentismo, que no entendía por qué no se activaba el ICF, como prevé el propio decreto del Govern.

En las horas posteriores, en JxCat han interpretado que ERC intentaba marcar distancias públicamente con el titular de Economía y Hacienda para no hacerse corresponsable de la decisión de descartar el ICF, algo que niegan fuentes republicanas, que aseguran que la voluntad de Aragonès ha sido buscar una solución consensuada.

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