La defensa de García Ortiz asegura que "la única filtración acreditada" es la de Alberto González Amador

La vista contra el fiscal general del Estado se reanuda con el informe final de la Abogacía del Estado, que centra su intervención en dos ejes: la petición de nulidad de la entrada y registro en el despacho de Álvaro García Ortiz y la existencia de múltiples posibles filtradores del correo de 2 de febrero, más allá del propio fiscal general.

La Abogacía del Estado arranca su informe recordando que “una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario” y anuncia que va a comenzar por la nulidad de la entrada y registro del despacho del fiscal general. Sostiene que el auto que autorizó esa medida fue “desproporcionado” y que los agentes de la Guardia Civil excedieron los términos temporales que fijaba la resolución.

Según su exposición, durante el registro no se realizó un cribado por palabras ni un expurgo de la documentación intervenida, lo que, a su juicio, vulnera los límites que deben regir una medida de esa naturaleza cuando afecta a la sede institucional de la Fiscalía General del Estado.

El recorrido del correo y los posibles accesos

El informe repasa el recorrido del correo del 2 de febrero, origen de la causa. Recuerda que el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, redactó ese mensaje y un documento de ocho páginas, y lo envió a una cuenta genérica de delitos económicos a la que tenían acceso 16 personas (cuatro funcionarios y doce fiscales).

Añade que el correo se remitió también a la Abogacía del Estado, que no tenía competencias en el procedimiento.

El mensaje fue impreso y colocado en la mesa del fiscal Julián Salto. La Abogacía subraya que existe “una laguna” en la instrucción sobre quién, por parte del emisor, pudo reenviar o facilitar ese correo a terceros. De hecho, la defensa incide en que el propio Neira pudo reenviar el mensaje a otros interesados en el procedimiento tributario.

La Abogacía reprocha al juez instructor una “falta de voluntad de investigar” quién tuvo acceso al correo. Recuerda que el periodista José Precedo tuvo acceso a la denuncia, al expediente tributario y a una impresión del correo y que Mar Hedo lo comunicó al fiscal general, que activó una dación de cuentas al tratarse de un asunto de relevancia mediática.

Ese procedimiento ordinario se cumplimenta el 7 de marzo. La fiscal jefa provincial dicta las instrucciones para completar la dación conforme a lo indicado por García Ortiz. Una vez finalizado el circuito, la carpeta queda accesible para 499 fiscales y funcionarios. El 8 de marzo la documentación llega a la Secretaría Técnica de Diego Villafañe: “El último que recibe correctamente la documental es el teniente fiscal de la Secretaría Técnica”, destaca la Abogacía.

Señalamiento a González Amador y a su entorno

La Abogacía sostiene que la única “filtración acreditada” es la que lleva el correo a El Mundo. Explica que Neira envió una foto del correo del fiscal a González Amador y que este se la pasó a Miguel Ángel Rodríguez (MAR). “Es la única filtración en este caso debidamente acreditada”, afirma. Añade que lo razonable es pensar que González Amador tenía los correos de la conformidad y que se los remitió a MAR, que habría manejado tanto el correo del abogado como la respuesta del fiscal.

La representación del Estado habla de “mala fe” del querellante por omitir datos en la querella y recuerda: “Cuando el titular de un secreto hace partícipe a terceros este pierde su carácter reservado”. Y añade: “Habrá que plantearse si hablar con un periodista, pasarle al jefe de gabinete de tu pareja sentimental son actos propios de la tutela que pretende ahora”. Señala así al propio González Amador como quien desveló las negociaciones.

La Abogacía afirma que, cuando el fiscal general recibe el correo, este ya no tiene “carácter reservado”, porque tres periodistas declaran haberlo tenido antes: José Precedo (Eldiario.es), Alfonso Pérez Medina (La Sexta) y Miguel Ángel Campos (SER). Defiende la verosimilitud del relato de Precedo, que guardó el correo desde el 6 de marzo y no lo publicó por indicación de su fuente, versión que, recuerda, ha sido corroborada por Ignacio Escolar.

La nota de prensa y la respuesta a la versión de MAR

La Abogacía del Estado insiste en que la nota de prensa de la Fiscalía General se enmarca en una “dinámica legal” y que “la nota se corresponde con una dinámica legal y su objeto es dar información veraz”. Explica que el fiscal general exigió tener todos los correos para conocer el contexto completo y que, de forma paralela, los medios publicaban informaciones contradictorias.

En ese escenario, las dos jefas de la Fiscalía de Madrid trasladan la necesidad de desmentir “las informaciones falsas”. El Mundo vinculaba la denuncia con un ofrecimiento de pacto: “Decían que ofrecían un pacto a una persona inocente para arrancarle una confesión con una finalidad política”, remarca la Abogacía, que califica esa tesis de “gravedad extrema”.

Como motivación de la nota, repasa las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso poniendo en duda a la Agencia Tributaria y al Ministerio Fiscal, y el señalamiento a la fiscal Pilar Rodríguez por sus vínculos previos.

Añade el papel de la “versión lesiva contra la Fiscalía” que, según su relato, difundía Miguel Ángel Rodríguez, con la idea de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. “Tomó las riendas de la situación e impulsó la nota de prensa”, concluye la Abogacía sobre la actuación de García Ortiz.

La nota de prensa

La Abogacía del Estado ha centrado una parte de su alegato en la nota de prensa de la Fiscalía General. Sostiene que el contenido esencial del comunicado ya estaba publicado en otros medios cuando se difundió oficialmente y que, por tanto, no puede considerarse que la supuesta filtración de los correos fuera un “acto preparatorio” de esa nota.

Subraya que, en el momento en que comienzan a aparecer informaciones sobre las negociaciones de conformidad, el fiscal general todavía estaba recopilando correos para tener una visión completa del caso. En ese contexto, defiende que el comunicado tenía como único objetivo “dar información veraz” y ordenar un escenario marcado por versiones contradictorias y críticas públicas a la Fiscalía.

El abogado del Estado también ha endurecido su posición respecto a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a la que acusa de haberse dejado influir por su “mala relación” con la cúpula de la Fiscalía General.

“No voy a ser tan benigno con Almudena Lastra como el fiscal general del Estado”, ha afirmado, sugiriendo que esa tensión interna habría condicionado su actuación y su testimonio. En paralelo, la Abogacía insiste en que los indicios manejados por las acusaciones han sido “manoseados”, tanto en lo relativo al recorrido del correo del 2 de febrero como en lo referido al borrado de la cuenta de Gmail y de los mensajes de WhatsApp del fiscal general.

El borrado de correos

En defensa de García Ortiz, la Abogacía del Estado argumenta que el borrado de correos y mensajes responde a la “alta sensibilidad” de la información y a una preocupación por la seguridad, más que a un intento de ocultar pruebas. Recuerda que la cuenta de Gmail se cerró después de aparecer identificada en un informe y que el fiscal utilizaba chats con borrado automático, lo que, unido a que conocía su posible imputación desde días antes, a su juicio vacía de contenido incriminatorio la coincidencia de fechas.

Además, refuerza la línea de que no hay pruebas directas contra el fiscal general apoyándose en los testimonios de José Precedo, Alfonso Pérez Medina y Miguel Ángel Campos, quienes han declarado que accedieron al correo antes que él, y cuya versión, en el caso de Precedo, considera respaldada por Ignacio Escolar.

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