García Ortiz denuncia una "actuación desleal" y niega haber filtrado el correo del novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha iniciado su declaración en el juicio en el Tribunal Supremo contra él por la presunta filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negando haber filtrado el correo que dio origen a la causa. “No filtré el correo”, ha afirmado nada más comenzar su intervención, en la que también ha anunciado que no responderá a las preguntas de las acusaciones.

La acusación sostiene que García Ortiz autorizó o permitió la difusión del correo con el objetivo de favorecer una determinada versión pública sobre la investigación a González Amador por presunto fraude fiscal. El correo, enviado desde la Fiscalía, fue publicado por varios medios y desató una crisis institucional entre el Gobierno, la Comunidad de Madrid y la propia Fiscalía.

El proceso se sigue ante el Tribunal Supremo, dado el aforamiento del fiscal general. Se le imputa un delito de revelación de secretos, que conlleva penas de inhabilitación y multa, aunque el procedimiento tiene también un componente político por su impacto en la cúpula del Ministerio Público.

La vista se había reanudado minutos antes con la reproducción de la prueba documental solicitada por las partes. Todas, salvo la defensa, habían dado por reproducidos sus documentos ante el tribunal, mientras que los abogados de García Ortiz han pedido exhibir cinco documentos para subrayar su relevancia.

Entre ellos, uno que acredita que el correo electrónico sigue disponible en el buzón genérico de la Fiscalía, al que fue remitido por la defensa del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al que tenían acceso decenas de fiscales.

“No hay lealtad en la búsqueda de la verdad”

García Ortiz ha justificado su negativa a responder a las acusaciones alegando que en este proceso “se ha producido una actuación desleal”, no contra él, sino contra el tribunal. “El correo del 2 de febrero se mandó a otra persona de otra institución ajena a la Fiscalía y si eso hubiera figurado en la querella, quizá no habríamos estado aquí”, ha explicado.

Según ha añadido, la formulación de la acusación omitió “un dato fundamental” y el correo del 12 de marzo fue entregado a otra persona para hacer un uso político del mismo.El fiscal general ha insistido en que el supuesto perjudicado en la causa llegó a entrevistarse con un medio de comunicación y que en la petición de responsabilidad civil este renunció a la responsabilidad subsidiaria: “Solo va contra mí”, ha subrayado.

Solo responde a la Fiscalía

García Ortiz ha señalado que, por esas razones, no responderá a las preguntas de la acusación particular, aunque sí lo hará a las de la Fiscalía y a las de su defensa. En su comparecencia, ha reafirmado su versión de que no envió ninguna información fuera de la Fiscalía ni participó en la filtración de los correos vinculados al caso del empresario Alberto González Amador

Antes de comenzar su declaración, el fiscal general se ha retirado la toga con la que ha asistido al juicio en días anteriores, gesto que marca su paso de fiscal a acusado. García Ortiz expone cuatro motivos para acogerse a su derecho a no contestar a las acusaciones, “especialmente” a la representación de Alberto González Amador.

En primer lugar, sostiene que en la denuncia inicial se omitió que el correo objeto del procedimiento se envió también a la Abogacía del Estado, lo que, a su juicio, amplía los posibles focos de filtración.

En segundo lugar, afirma que González Amador facilitó a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal Julián Salto que se utilizó para difundir una versión tergiversada de las comunicaciones entre la defensa y la Fiscalía. En tercer lugar, subraya que González Amador se reunió con un periodista de El Mundo, ajeno al procedimiento.

En cuarto lugar, indica que el perjudicado renunció a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, de modo que “solo va contra mí”. Concluye que existe “una actuación desleal con el tribunal” y que “no hay una lealtad procesal en la búsqueda de la verdad”.

Gestión informativa en la Fiscalía Provincial

El fiscal general señala que “le extrañó” la gestión informativa de la Fiscalía Provincial. Precisa que no consta notificación de la Fiscalía Provincial ni de su responsable, la fiscal Lastra. No niega contactos, pero afirma que a él no le llegan. “Sí hay un problema de la gestión de la información en la Fiscalía Provincial hasta tal punto que ella proporciona a demanda la demanda a los medios”, explica. Añade que considera esa cuestión “entre ellos” y que “no le da más importancia”.

Sobre su nivel de conocimiento del procedimiento, declara que tenía un conocimiento “somero” del asunto. Tras la dación de cuentas, indica: “Me informan de que hay denuncia puesta por la Fiscalía, que ya está puesta ante el decanato de los Juzgados de Madrid y no hay ninguna orden ni ninguna indicación porque el asunto está bajo el auspicio de la Fiscalía de Madrid, ya no tenemos nada que hacer, falta el reparto y lo dejo ahí. Me parece un hecho interesante o que debo conocer”.

En cuanto a los avisos, sostiene: “Sobre la conformidad, la primera noticia que tengo es cuando me llaman y me comentan el bulo que está tratando de distribuir Miguel Ángel Rodríguez” y “sobre el correo, la primera noticia, que tengo es la noche del día 13 cuando se publica ‘El Mundo’”.

La decisión de emitir un comunicado

El fiscal general ha explicado ante el tribunal cómo se tomó la decisión de difundir un comunicado desde la Fiscalía General del Estado tras la publicación de la noticia de El Mundo sobre la supuesta conformidad de Alberto González Amador. “Decidimos que hay que reaccionar, que hay que hacer una nota”, ha relatado.

García Ortiz ha defendido que la nota se elaboró para contrarrestar una información “extravagante”, pero relevante, que daba la impresión de que González Amador mantenía una posición especial ante la Fiscalía. “Están lanzando la idea de que hay un señuelo de la Fiscalía para que pique el señor González Amador y una actuación torticera de la Fiscalía”, ha afirmado. Según su testimonio, la publicación exigía una reacción institucional “para proteger la credibilidad de la institución”.

García Ortiz ha negado haber reconocido a Lastra que se produjera una filtración. Según su versión, no escuchó las palabras que la fiscal atribuye a aquella conversación: “Eso ahora no importa”, y considera que “el tono no era adecuado” para referirse al fiscal general en esos términos.

Ha recordado que Lastra se oponía al envío de la nota por considerar que “iban a hacer el ridículo” al reproducir información que ya era pública, y que ese fue el único argumento que le trasladó en sus conversaciones previas a la publicación del comunicado.

"La verdad no se filtra, la verdad se defiende"

El fiscal general del Estado, ha afirmado que resume su posición en el proceso: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Es un poco el resumen de lo que aquí ha pasado".

Durante su intervención, García Ortiz ha negado haber actuado con “animadversión” hacia Alberto González Amador, investigado en el caso que originó la filtración del correo. “Eso está fuera de toda duda. Cualquiera de sus datos fue tratado con exquisitez”, ha asegurado, insistiendo en que su “obsesión era defender la actuación de los fiscales”. Ha reiterado que no intervino en la causa, que se abstuvo y que González Amador continuó sus negociaciones con los fiscales encargados en abril y mayo.

El fiscal general ha dedicado parte de su declaración a explicar el uso de su correo personal de Gmail, justificando que era la cuenta que tenía “más accesible” para recibir comunicaciones de forma rápida. “Yo no tengo ni idea de los correos que me van a mandar, por eso di la cuenta personal de Gmail”, ha afirmado.

Asegura que el atestado del 27 de noviembre se difundió sin anonimizar, dejando a la vista su dirección personal y su número de teléfono, lo que le generó “mensajes amenazantes y feos, muy feos”. Esa situación, ha explicado, le llevó a pensar que tenía una “brecha de seguridad”, motivo por el que borró la cuenta, negando cualquier “ánimo de ocultación”.

García Ortiz también ha explicado su política de gestión de datos en mensajería, defendiendo que "sistemáticamente no permito que permanezcan más de un mes contenidos en mi WhatsApp". No puede confirmar si hubo un borrado puntual, pero asegura que no existían mensajes relevantes para la causa y que puso a disposición de la UCO todo su material y contraseñas.

El fiscal general ha insistido en la sensibilidad de la información que maneja, destacando que su teléfono contiene “su intimidad digital” y datos de “procesos que afectan a todo el país”. También ha reconocido que cambia de móvil una vez al año, en línea con los protocolos de seguridad y confidencialidad que aplica en su cargo.

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