VARIAS LEYES REGULAN SUS CUENTAS

VARIAS LEYES REGULAN SUS CUENTAS

¿Cómo se financian los partidos políticos?

La financiación de los partidos políticos ha sido un asunto espinoso desde el principio de nuestra democracia. El origen del dinero para el funcionamiento de sus estructuras ha estado detrás de los principales escándalos políticos de las tres últimas décadas.

En 1987 la ley orgánica de financiación intenta regular las aportaciones económicas que reciben los partidos. Establece la obligatoriedad de llevar registros contables detallados. Y se establecen dos fuentes de financiación; la pública, mediante las subvenciones establecidas por la ley, y la privada, la ley de 1987 permitía las donaciones anónimas siempre que estas no supusieran más del 5% de lo designado en los presupuestos para los partidos. También pone límites a las las donaciones de personas físicas y jurídicas que no podían superrar los 10.000.000 de pesetas y aclara que las empresas donantes no podían tener contratos públicos.

20 años más tarde se decreta la ley orgánica 8/2007 con la que se intenta conseguir una mayor transparencia en las cuentas de los partidos. Por primera vez se establece un presupuesto para este fin 78.100.000 euros a cargo del erario público y, en cuanto a la finaciación privada, con esta nueva norma se prohiben las controvertidas donaciones anónimas y aquellas realizadas por personas físicas o jurídicas tienen como tope 100.000 euros. Además, la ley obliga a que las donaciones se ingresen a travées de una cuenta bancaria en la que conste la cantidad, la fecha y el nombre del donante.

Respecto a las deudas de los partidos, la ley de 2007 permite que los bancos se las perdonen con un límite de 100.000 euros. Más control pues para los partidos, pero nada se dice de las Fundaciones.

Desde 2012 se se refuerza la ley de 2007 en aras de un mayor control. Por ejemplo, el artículo que impedia donar dinero a empresas con contratos públicos se amplia a todas las empresas del mismo grupo o participadas. También se otorga un mayor poder sancionador al Tribunal de Cuentas y se hace obligatorio que los partidos detallen sus cuentas publicamente a través de sus páginas web.

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