Unas 750.000 empleados del sector público están convocados hoy a una huelga de 24 horas en protesta por los planes del Gobierno británico de coalición de reformar las pensiones. El paro es convocado por cuatro sindicatos diferentes, entre ellos, maestros, personal de oficinas del paro, de juzgados, puertos y oficinas de Hacienda y empleados penitenciarios. Los funcionarios denuncian que la reforma de pensiones les obligará a "trabajar y contribuir más para ganar menos dinero".
El Sindicato Nacional de Maestros (NUT), la Asociación de Maestros y Profesores (ATL), el Sindicato Universitario y el Sindicato del Servicio Público han convocado esta medida de fuerza, que obligará a cerrar numerosas escuelas en el Reino Unido.
Al mismo tiempo, habrá varias manifestaciones en distintas ciudades del país, mientras que en Londres hay una convocada ante la sede del Parlamento de Westminster para las 12.15 GMT. Las fuerzas del orden han cancelado todas las libranzas de los agentes de Policía a fin de poder vigilar las distintas protestas.
En algunas oficinas, a los trabajadores se les ha permitido llevar a sus hijos al trabajo para evitar que tomen el día libre teniendo en cuenta los miles de maestros que se han sumado al paro. Además, se prevén retrasos en los puestos de inmigración de los aeropuertos porque muchos empleados de este sector también secundan la medida de fuerza.
La huelga responde al plan del Gobierno de elevar la edad de jubilación, de forma que los funcionarios ya no podrán empezar a cobrar su pensión a los 60 años y la cantidad que se cobrará en el retiro pasará a calcularse con una media del salario percibido en toda la vida laboral, en lugar de con la última remuneración. Los sindicatos han afirmado que la medida de presión tendrá un "impacto significativo" en la industria.
En cuanto a los cambios que planea el Gobierno, el primer ministro británico, David Cameron, subrayó el miércoles en el Parlamento que son reformas "justas para los contribuyentes, y también para el sector público", pues la pretensión del Ejecutivo es "continuar con las pensiones sólidas en el sector público".
