La PAH acusa a ambos partidos de tener una "arrogancia sin límites", argumentando que ahora quieren mostrarse ante la sociedad como los que deben liderar la respuesta a esta problematica, cuando, según afirman, ambos partidos han sido los últimos en llegar a este debate.
En el comunicado la Plataforma de afectados por la hipoteca denuncia que cuando comenzó el drama de las ejecuciones y los deshaucios, coincidiendo con el inicio de la c risis, tanto PP como PSOE sólo pusieron trabas a la aprobación de cualquier medida que pudiera solucionar este problema.
Aseguran que han llevado en varias ocasiones las demandas al Congreso para paralizar los deshaucios y "siempre han sido PP Y PSOE quienes han votado en contra y han bloqueado la posibilidad que el congreso apruebe ningún tipo de medida".
Además expresan su "total desconfianza" para solucionar el problema al afirmar que han sido los últimos en sumarse a esta lucha, tras Sociedad Civil, que fueron los primeros que "sin apoyo exigieron soluciones", luego se unió el poder judicial, los medios de comunicación y ahora es Europa quien denuncia lo que está pasando en España, "una situación anómala que vulnera los derechos de la ciudadanía" y también la ONU ha condenado duramente al Estado español.
Desde la PAH, exigen que en las reuniones entre el Gobierno y el PSOE "se incluya la voz de la gente afectada y la gente organizada" que hasta ahora "han sido los únicos que se ha jugado el tipo para frenar las ejecuciones y los deshaucios".
Hasta ahora las movilizaciones sociales han conseguido paralizar más de 500 desahucios en dos años, numerosos acuerdos de dación en pago y alquiler social mediante concentraciones en las sedes de los bancos, y recoger más de 400.000 firmas para presentar ante el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que exige una serie de medidas urgentes como son la paralización de desahucios, la dación en Pago retroactiva (que salve de una deuda perpetua a las personas ya desahuciadas desde 2007) y el alquiler social en las viviendas embargadas por los bancos a cambio de una renta mensual que no supere el 30% de los ingresos familiares, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas sobre derecho a la vivienda.
