Ninguno de los trabajadores de centros concertados de Cataluña ha recibido la nómica correspondiente al mes de julio. La deuda que tiene la Generalitat, de más de 450 millones de euros pone en peligro el funcionamiento de estas instituciones, ya que al vencimiento de los créditos y una vez aprobada la ley de estabilidad, la prioridad es clara, lo primero es devolver el dinero a la banca.
El gobierno catalán asegura no tener datos de cuántos trabajadores concertados no han recibido su nómina, fuentes no oficiales calculan que la cifra se sitúa entre los 50.000 y los 100.000 trabajadores. Lo que sí asegura la Generalitat es que este problema de liquidez será solucionado y todos podrán cobrar el mes de agosto. Francés Homs, el portavoz del Gobierno catalán aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que el Gobierno Central debe dinero a Cataluña y que por ello no se puede hacer frente a los pagos.
La búsqueda de soluciones es ahora el objetivo tanto para el gobierno catalán como para los propios centros. Abogada a adscribirse al fondo de Liquidez, el gobierno asegura poder pagar en agosto, pero mientras algunos geríatricos han tenido que pedir un crédito para hacer frente al impago de 60.000 euros que cada mes recibían de las arcas públicas. En muchos centros incluso se ha pedido a las familias que se lleven a sus mayores a casa para hacerse cargo de ellos.
Según el portavoz del Govern, si la Generalitat dispusiera de "la llave de la caja de los impuestos esto ya no nos pasaría, y no hablo de disponer de más dinero, sino únicamente de tener el control de la llave de la caja", ha puntualizado. Sea como sea, el gobierno catalán tiene "la previsión" de que podrá efectuar los pagos debidos y conseguir "que esto quede cubierto entre mediados y finales de agosto".
Algunas fuentes dejan ver que podría haber una línea ICO aprobada por valor de una parte de la deuda de más de 400 millones que ahora mismo se tiene. No hay confirmación de nada de esto, lo que sí parece seguro es que esto será sólo un adelanto del pago al que la Generalitat tendrá que hacer a finales del segundo semetre, que algunos medios cifran en más de 5.000 millones de euros, como resultado de problemas de liquidez anteriores.
Después de recordar que la ley prevé los pagos que son prioritarios y que la Generalitat esto lo tiene muy presente, Homs indicó que, aunque algunas nóminas se retrasen, los trabajadores "no van a dejar de trabajar".
