Kutxabank, el banco surgido de la fusión de las cajas de ahorro vascas, suspenderá "de forma inmediata" todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que se conozca la nueva regulación en la materia. La entidad ha informado en un comunicado de que su presidente, Mario Fernández, "ha dado instrucciones" para que se aplique esta decisión.
Kutxabank ha precisado que la resolución dictada por el presidente de la entidad afecta sólo a las hipotecas sobre primeras viviendas. Fuentes de Kutxabank han puntualizado que se trata de una "iniciativa" de la entidad financiera.
La decisión de Mario Fernández se produce un día después de que la vecina de Barakaldo Amaia Egaña se suicidara cuando la comisión judicial iba a proceder a desahuciarla de su vivienda. Horas después, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que espera poder anunciar este lunes nuevas medidas en relación a la política sobre los desahucios, como "la paralización temporal" de los que afectan a las familias más vulnerables.
Caja Laboral se defiende tras la presión social
Poco después, las entidades de ahorro recién integradas, Caja Laboral e Ipar Kutxa, han informado de que "no han activado en la actual situación de crisis, ningún proceso de desahucio traumático a familias". En un comunicado, Caja Laboral señala que "desde hace varios años" aplica "un protocolo interno de mediación para evitar desahucios".
De esta manera, orienta las situaciones de impago de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual de las familias "mediante procesos basados en el acuerdo, priorizando la renegociación amistosa de la deuda" a través del "alargamiento de plazos, proponiendo novaciones y agotando todas las opciones para favorecer el pago de la hipoteca".
"Sólo en caso de agotamiento de estas opciones se opta por una dación en pago", remarca el comunicado de Caja Laboral, cuyo "protocolo interno de actuación" está orientado a alcanzar "acuerdos personales y exclusivos con las personas afectadas". De esta manera, trata de mediar y llegar a soluciones individuales antes de recurrir a otras medidas que el ordenamiento jurídico permite, para evitar la ejecución hipotecaria e impedir que estas operaciones finalicen en "situaciones de desahucio forzoso de las familias".
