El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma financiera que obliga a las entidades financieras a provisionar y fijar un capital extra para afrontar el deterioro de los activos inmobiliarios, con el apoyo de 303 diputados provenientes del PP, PSOE, CiU y la abstención de PNV.
Tanto la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) como UPyD y algunos diputados del grupo mixto, hasta un total de 28, han rechazado el decreto que prevé 'limpiar' los balances bancarios de activos ligados al 'ladrillo'. Tampoco se aceptó que la reforma se tramite como proyecto de ley.
Durante su defensa ante el Pleno de la Cámara Baja, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado en 2.000 millones de euros, hasta 52.000 millones, las necesidades de saneamiento que en enero cifró en 50.000 millones.
Una vez aprobada la reforma financiera, De Guindos aclaró que esta variación se debía a que las estimación inicial tenía en cuenta la situación de los balances a junio de 2011 y que con el decreto las necesidades se actualizan a diciembre de 2011.
El ministro además puso el énfasis en el "amplio" consenso alcanzado, y argumentó su "satisfacción" en la imagen de cara a los mercados financieros. "La amplitud del apoyo político es una señal muy positiva", garantizó.
En la reforma se incluye también la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contribuya al saneamiento de las entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo hasta los 15.000 millones.
De Guindos explicó durante su intervención para defender el decreto ley ante la Cámara Baja que el objetivo de la reforma es garantizar un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados capitales y, por ende, más crédito para familias y pymes.
