El Gobierno argentino ha demorado el anuncio de su decisión sobre el futuro de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, en medio de una intensa ofensiva del Ejecutivo español, arropado por la Unión Europea.
Ningún alto funcionario argentino se refirió al conflicto con YPF ni respondió a las contundentes advertencias de Madrid y Bruselas. "Las medidas no se anuncian, se adoptan. Espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero, indudablemente, si tiene que hacerlo lo hará", advirtió la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el Gobierno convocara al embajador argentino, Carlos Bettini, por la acometida de Cristina Fernández contra YPF.
La estrategia del Gobierno español se tradujo en Buenos Aires en una intensa actividad diplomática del nuevo embajador, Román Oyarzún, que ha acompañado durante la última semana al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y se ha reunido con empresarios españoles y con embajadores europeos.
Dudas entre los inversores
Mientras, la incertidumbre ha hecho que los inversores españoles optarán por recoger beneficios. Repsol cedió un 2,67% en la jornada negra de este viernes, en la que el selectivo español registró su mayor caída del año, con un descenso del 3,58%.
Medios afines al Gobierno de Fernández adelantaron que la presidenta podría hacer un anuncio sobre el futuro de la petrolera la próxima semana, a su regreso de Cartagena de Indias (Colombia) donde participará en la Cumbre de las Américas.
Pero, para tomar la decisión final, Fernández tendrá que vencer las resistencias internas planteadas por algunos de los gobernadores de las provincias petroleras que, según empresarios del sector, aspiran a una mayor participación en los beneficios del petróleo y a influir en la gestión de la compañía en caso de nacionalización.
Los analistas prevén varias vías para que Argentina se haga con el control
La única declaración sobre el asunto colgada en la página del Gobierno argentino en internet es un comentario del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que no menciona a la petrolera pero insiste en que el objetivo es "lograr el autoabastecimiento de petróleo".
En las últimas semanas, YPF ha perdido una quincena de licencias de explotación y exploración en seis de las diez provincias petroleras de Argentina. Varios analistas no dudan de que el gobierno argentino aspira a tomar el control de la petrolera, pero admiten que hay varias vías para lograrlo, desde la negociación con los accionistas -Repsol (57,43 por ciento) y la familia argentina Ezkenazi (25,46)-, hasta la tramitación parlamentaria de una ley que declare a la empresa de interés publico.
Mientras Cristina Fernández toma una decisión sobre YPF tras cuatro meses de acoso que han hecho perder a la compañía alrededor del 30 por ciento de su valoración bursátil, los empresarios extranjeros con intereses en Argentina siguen con atención el proceso y se tientan los bolsillos.
La UE carece actualmente de arma legal para enfrentarse a Argentina
La Unión Europea no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar a Argentina con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el caso de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.
"La UE no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina", indicaron fuentes de la Comisión Europea. Si bien con el Tratado de Lisboa (2009) la Comisión Europea adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, todavía no existes instrumentos legales.
Las citadas fuentes recordaron que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral (BIT) entre España y Argentina.
"Legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la UE en relación con Argentina o cualquier otro mecanismo de arbitraje internacional bajo el BIT", señalaron. Precisamente, a la luz del Tratado de Lisboa y a fin de reforzar la defensa de las inversiones europeas en otros países, la CE propuso en julio de 2010 una nueva legislación que actualmente tramita junto a los Estados miembros y el Parlamento Europeo.
