El fallo del 'Prestige' puede provocar una marea de recursos de las partes personadas en el proceso.
Una de las instituciones que ya estudia la manera de solicitar una indemnización justa es el gobierno gallego. "Lo que en este momento le interesa a Galicia es quién paga esto, quién se hace cargo de esto y cómo se pagan los daños producidos", afirma Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.
La asociación ecologista Arco Iris también ha hecho pública su intención de apelar a una instancia jurídica superior. "Un recurso de tasación que se va a presentar, seguramente, con rapidez en el Tribunal Supremo y esperemos que se retome", asegura Manuel Meriño, su presidente.
Según la sentencia, se podrían recuperar los 30.000 euros que el Estado invirtió en una demanda contra ABS, la empresa que certificó el buque.
Fueron nueve años sólo de preparación para un pleito en el que se demandaban 1.000 millones de dólares y que, en agosto pasado, se rechazó.
Juan Luis Pía, el magistrado encargado de leer la sentencia, afirma que "certificó la capacidad del buque para navegar con normalidad y, pese a eso, el fallo estructural sólo tuvo su origen en las deficiencias de mantenimiento o de control".
Las únicas indemnizaciones garantizadas son 171 millones que debe abonar el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por la contaminación de hidrocarburos de los que ya han sido pagados 120.
