El futuro plan de seguridad para las motos, que está ya ultimado a falta de ser aprobado, castigará más no hacer uso del casco -se pasará de 3 a 4 el número de puntos a detraer por esa infracción-, exigirá asistir a clases teóricas presenciales para sacarse el carné y obligará a llevar guantes. Pero también bonificará a quienes realicen cursos de conducción segura.
Son algunas medidas de un paquete de 17 que ha consensuado el grupo de trabajo creado para abordar soluciones a la siniestralidad de los motoristas y que se pondrá en la mesa del pleno del Consejo Superior de Tráfico próximamente para que le dé luz verde.
Tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) con Pere Navarro a la cabeza, como el secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), José María Riaño, y el presidente de la Asociación Mutua Motera (AMM), Juan Manuel Reyes, han expresado a un grupo de periodistas su respaldo a las medidas.
España es tras Italia el segundo país de la Unión Europea con más vehículos de dos ruedas matriculados, con 5,4 millones de motos y ciclomotores, lo que representa el 15% de todo el parque móvil, pero su siniestralidad supone el 23% de los fallecidos en accidente de tráfico (421 muertos en 2018).
Desde 2012, han crecido un 19% las víctimas mortales en motocicleta, mientras que en ciclomotores se ha producido un descenso del 6%. Y las cifras de este año no son nada buenas, porque hasta el 22 de julio han perdido la vida 147 motociclistas frente a los 111 del mismo periodo de 2018. De todos modos, si se tiene en cuenta el número de motos, que crece a un ritmo del 7 % anual (este año a un 11 % y en el caso de los ciclomotores a un 27 %), la accidentalidad ha bajado, ya que en 2007 había 1,8 muertos por cada 10.000 motos y ahora 0,8.
La motocicleta, que ha sido la gran olvidada en las nuevas políticas de movilidad, está adquiriendo un gran protagonismo, con una cada vez mayor presencia en las ciudades y un auge de las eléctricas.
Si nos centramos solo en las carreteras interurbanas, en 2018 murieron 241 motoristas (un 93 % hombres). El 78 % del total perdió la vida en las convencionales, generalmente por una salida de vía debido a la velocidad o las distracciones y en una curva. Sólo el 10 % no llevaba casco. Uno de cada tres fallecidos tenía entre 45 y 54 años y seis de cada diez se había sacado el carné hacía más de diez años.
Los expertos atribuyen estas dos últimas circunstancias a lo que denominan motorista "renacido", un perfil de usuario que dejó la moto durante el tiempo que pagaba hipoteca y tenía hijos pequeños y luego recuperó la afición, pero había perdido experiencia. Más de la mitad de los fallecidos conducía un moto de gran cilindrada, de más de 600 centímetros cúbicos.
Con todos estos datos y el aumento del uso de la moto para trabajar por el boom del reparto y la de alquiler (la moto compartida), el grupo de trabajo elaboró un borrador del plan de seguridad de estos vehículos, que podría aprobarse definitivamente en otoño.
Son 17 medidas incluidas en tres áreas, la primera de ellas la de Educación y formación. Dentro de esta, el grupo de trabajo apuesta por la implantación de la formación presencial teórica obligatoria para sacarse el carné. Así, será obligatorio para todos los aspirantes, tanto para los que quieran sacarse el permiso para conducir motos como para manejar turismos, la asistencia a 8 clases, que estarán más dirigidas a la concienciación para mejorar las conductas al volante que a aprender las señales de tráfico. Y en el caso del carné de motos, se añadirían algunas clases más (seis como máximo). España es de los pocos países de la UE en los que la formación teórica no es obligatoria. En el 75 % de los estados, sí.
Tráfico quiere incentivar la realización de cursos de conducción segura y a quien los haga se le bonificará en su saldo de puntos alguno. Además, quiere implantar cursos específicos para colectivos profesionales motoristas. Se trata de incluir la formación vial para los trabajadores que cada día realizan su labor en las dos ruedas.
La intención es también crear en las jefaturas provinciales grupos de trabajo específicos sobre los colectivos más vulnerables y poner en marcha campañas sobre la importancia del uso no solo del casco, sino del equipamiento completo para proteger los brazos, la espalda, el torso, las piernas y los pies. Precisamente hay acuerdo en que se haga obligatorio el uso de guantes -en Francia ya lo es-, aunque existen algunas diferencias en si debe serlo solo en carretera o también en ciudad.
