En libertad y con 13.000 euros de indemnización tras 461 días en prisión por una violación que no cometió

Tenía 32 años cuando ocurrieron los hechos en Santa Cruz de Tenerife. Su prima lo denunció por una supuesta agresión sexual. Según su relato ocurrió de madrugada después de haber estado bebiendo juntos durante toda la noche, celebrando que hacía tiempo que no se veían.

Ella se fue y antes de coger el transporte público para llegar a su casa pasó por un cajero para sacar dinero, fue en ese momento cuando alguien la agarró por la fuerza por detrás y perdió el conocimiento, el agresor aprovechó para violarla. Cuando se despertó del ataque comprobó que le habían quitado parte de la ropa y que tenía mucho dolor, hechos que achacó a una violación.

Según confirmaron las imágenes de una cámara de seguridad expuestas en el juicio, el acusado, ahora liberado, le acompañó al cajero pero luego ella se fue sola a la parada de guaguas. La víctima reconoció que nunca llegó a identificar al atacante. Además el informe de toxicología confirmó que había ingerido grandes cantidades de alcohol y tranquilizantes, lo que pudo provocarle confusión mental y alteraciones de la memoria.

Por su parte el acusado negó de manera rotunda su culpabilidad. La Fiscalía pedía para él una pena de 11 años de prisión, 10 por la agresión sexual y uno más por el delito de lesiones. Además del pago de una indemnización de 8.500 euros por las heridas sufridas y por los daños morales.

El juicio se celebró un año después de que ocurrieron las hechos, mientras el acusado permanecía en prisión preventiva. Estuvo un total de 461 días privado de libertad. Más de 15 meses en prisión, desde el 19 de enero de 2018 hasta el 23 de abril de 2019. En esa fecha la Audiencia Provincial de Tenerife decretó su absolución de los delitos de agresión sexual y lesiones por los que había sido denunciado.

Su paso en prisión tuvo grandes consecuencias personales y familiares

A partir de ese momento comenzó otra lucha, en esta ocasión contra la justicia, para tratar de reponer el daño causado por todo ese tiempo que había permanecido privado de libertad. Una situación que tuvo graves consecuencias, asegura el demandante, tanto personales como familiares además del gran rechazo social que sufrió con tan solo 32 años tras salir de la cárcel a pesar de haber resultado absuelto.

Por este motivo solicitó en la Audiencia Nacional una indemnización a la Administración Pública de 138.000 euros por la prisión preventiva indebidamente decretada en el procedimiento penal.

En la sentencia dictada recientemente se expone que la Ley establece que la cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido, considerando el Tribunal Supremo que "a cualquiera le supone un grave perjuicio moral el consiguiente desprestigio social y la ruptura con el entorno que la prisión comporta, además de la angustia, la ansiedad, inseguridad, inquietud, frustración, fastidio, irritación o temor que suele conllevar".

También señalan en el texto de la sentencia que "las circunstancias de la edad, salud, conducta cívica, hechos imputados, antecedentes penales o carcelarios, rehabilitación de honorabilidad perdida, así como la huella que hubiera podido dejar la prisión en la personalidad o conducta". Se tiene en cuenta también el lucro cesante del afectado, es decir, los ingresos que la persona tenía y que ha perdido durante ese tiempo.

En este caso teniendo en cuenta las circunstancias, un hombre de 32 años acusado de un delito de agresión sexual que le supuso un gran rechazo social, la Audiencia Nacional ha considerado adecuado que la indemnización adecuada es de 13.000 euros frente a los 138.000 que pedía el afectado.

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