Galicia, contra el fuego: "El 95% son fuegos intencionados, pero la temperatura es nuestro principal enemigo"

En 2025, ya son casi 2.000 las hectáreas quemadas hasta el momento en Galicia. Lejos quedan los más de 90.000 de 2006, pero nadie da la batalla por ganada. "No se trata de tener más medios, sino de estar organizados. La clave es la coordinación total y actuar rápido según las condiciones meteorológicas", explica Manuel Francisco, jefe del Servicio de Incendios de la Xunta de Galicia.

Galicia fue la primera comunidad en crear, en 1990, un servicio específico para incendios forestales. Lo hizo tras un año crítico, 1989, en el que ardieron casi 200.000 hectáreas. A partir de ahí se diseñó un modelo descentralizado, jerarquizado y adaptado a las características del territorio. Hoy, el sistema cuenta con más de 3.000 personas, de las cuales unas 2.000 trabajan exclusivamente en la prevención y extinción. A este dispositivo se suman Policía, Guardia Civil, Protección Civil y Ejército cuando la situación lo exige.

La eficacia del modelo no se mide solo por los recursos, sino por los resultados: en la provincia de Pontevedra, por ejemplo, se ha pasado de más de 3.000 fuegos anuales en los años 90 a entre 500 y 600 actualmente.

El verano de 2006 fue especialmente destructivo. Más de 95.000 hectáreas ardieron en Galicia, lo que obligó a rediseñar protocolos y reforzar medios. Fue entonces cuando se consolidó un enfoque más profesionalizado, que hoy combina vigilancia permanente, coordinación operativa e investigación sobre el terreno.

Desde hace tres años, Galicia cuenta con la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), formada por 15 agentes medioambientales que no se dedican a apagar fuegos, sino a investigar cómo empiezan.

“Recogemos pruebas, analizamos patrones, inspeccionamos el terreno y, si hay indicios, trasladamos la información a la Policía o al juzgado. En muchos casos, actuamos conjuntamente con los cuerpos de seguridad”, detalla Aurelio Mosteiro Riveiro, agente ambiental de la UIFO.

Uno de los últimos casos tuvo lugar en la parroquia de Velle (Ourense). A partir del 23 de junio se detectaron varios fuegos en un área reducida, lo que activó una vigilancia específica. El 5 de agosto, el sospechoso fue sorprendido in fraganti, iniciando un nuevo incendio. La Policía Nacional procedió a su detención y entrada en el domicilio, con pruebas recabadas junto a los agentes ambientales.

El detenido, un joven de 25 años residente en la zona, no tenía antecedentes. Se investiga si su motivación era provocar fuegos en áreas periféricas para proteger su entorno directo. En total, se le atribuyen 11 incendios, con una superficie afectada de entre 4 y 5 hectáreas.

El perfil del incendiario ha cambiado. Si antes predominaban los hombres de entre 50 y 65 años, hoy aparecen personas más jóvenes, incluso mujeres. Los investigadores han detectado un patrón: actúan en días con calor extremo y viento fuerte, aprovechando la meteorología para que el fuego se propague con rapidez.

"Con las condiciones que tenemos ahora, no necesitan acelerantes. Aun así, algunos los utilizan, o incluso artefactos incendiarios. Saben lo que hacen", apunta Mosteiro. El cambio climático es un factor determinante. La combinación de altas temperaturas, sequía prolongada y vientos costeros hace que la propagación sea más rápida y peligrosa. La temperatura, más que nunca, es un elemento central en la ecuación.

El 95% de los incendios en Galicia son provocados. Sin embargo, más que la intencionalidad, lo que preocupa a los expertos es la motivación. Entender por qué alguien prende fuego es clave para diseñar medidas preventivas. "En zonas donde sabemos que hay fuegos por prácticas ganaderas, trabajamos con los vecinos para hacer quemas controladas en invierno. Eso ha reducido mucho el número de incidentes", explica Manuel Francisco.

Las causas son múltiples: usos agrícolas mal gestionados, conflictos personales, negligencias o incluso trastornos mentales. Algunas se pueden abordar con medidas preventivas; otras, no. Provocar un incendio forestal no es un delito menor. La legislación contempla penas de hasta 20 años de prisión si hay agravantes, como riesgo para las personas, destrucción de ecosistemas o reiteración delictiva. Las penas mínimas oscilan entre los 5 y 6 años.

El modelo gallego ha despertado el interés de otras regiones y países. En septiembre está prevista la visita de una delegación de Países Bajos y otra del País Vasco para conocer de cerca el sistema de gestión e investigación. "No se trata de ser un ejemplo, sino de compartir lo que funciona. Y aprender de lo que hacen otros, entre todos", concluye Manuel Francisco.

El fuego es más selectivo, más estratégico y más difícil de anticipar. Las causas se diversifican y la meteorología ya no es un aliado. Galicia no baja la guardia, porque sabe que cualquier descuido puede volver a situarla frente a un escenario conocido. Uno en el que las llamas no solo arrasan el monte.

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