La Guardia Civil ha imputado a 60 personas acusadas de gestionar ilegalmente los residuos de más de medio millón de frigoríficos y liberar gases tóxicos mientras cobraban las tasas correspondientes a su eliminación ecológica, lo que les ha supuesto unos beneficios de más de 10 millones de euros en 4 años.
Según informó la Guardia Civil, a los implicados se les imputa la comisión de varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y apropiación indebida.
La operación, denominada "Fragmento", desarrollada durante los últimos siete meses, se ha centrado en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Zaragoza, donde se encontraban los principales depósitos de material de electrodomésticos, en los que se han intervenido hasta 1.300 frigoríficos fuera de uso que se pretendían fragmentar de manera incorrecta.
En lugar de ser eliminados de acuerdo con la normativa medioambiental vigente, los frigoríficos eran destruidos en centros no autorizados para este tipo de gestión, mediante técnicas rudimentarias que permitían la liberación de gases que afectan gravemente a la capa de ozono.
En el transcurso de la operación, la Guardia Civil ha podido constatar la liberación a la atmósfera de gases equivalentes a más de 500 millones de kilos de dióxido de carbono.
