El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha ordenado este miércoles mantener con vida artificial a Vincent Lambert, un enfermo vegetativo francés al que pocas horas antes el Consejo de Estado galo había ordenado detener la alimentación artificial.
En una decisión adoptada de urgencia, los magistrados de Estrasburgo pidieron a las autoridades galas que suspendan la aplicación de la sentencia hasta que ellos puedan pronunciarse sobre el recurso presentado por los padres de Lambert.
Lo hicieron pocas horas después de que la máxima instancia administrativa de Francia se pronunciara a favor de detener la alimentación del paciente, postrado en una cama de hospital desde que sufrió un accidente de tráfico en septiembre de 2008. Estrasburgo indicó que este asunto será tratado de forma prioritaria y urgente.
El caso Lambert, que ha reabierto en Francia el debate sobre la eutanasia, muestra la división de la sociedad francesa en este asunto, plasmada en las diferencias en el seno de la propia familia.
Por un lado la esposa del paciente, Rachel, que apoyándose en los informes médicos que indican que el estado de su marido es irreversible y que siente sufrimiento, pedía que se le retirara la alimentación e hidratación artificiales.
Por otro los padres de Lambert, profundamente religiosos, que niegan que su hijo sea un paciente terminal, por lo que no se le puede aplicar el protocolo de final de vida previsto para estos casos en la legislación francesa.
Tras años de batallas judiciales, el caso llegó hasta el Consejo de Estado, que por la tarde dio la razón a los médicos que tratan a Lambert y que habían decidido aplicarle una eutanasia pasiva, es decir, dejar de alimentarle artificialmente.
Lo hicieron ante los numerosos testimonios que indicaban que el paciente, antes de sufrir el accidente, había mostrado su rechazo a ser mantenido en vida de forma artificial.
Pero en previsión de esta sentencia, los padres de Lambert habían presentado un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, con la particular petición de que suspendieran la aplicación de la sentencia. Algo que hicieron de forma provisional los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una decisión anunciada a altas horas de la noche.
