Bruselas exige a España que aplique "con rapidez" una sentencia europea para proteger Doñana

La Comisión Europea ha comunicado en una carta a España que debe aplicar con "rapidez y eficacia" una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la degradación del parque de Doñana para proteger los humedales de este entorno.

En concreto, la Comisión se refiere a una sentencia del TJUE del 24 de junio de 2021 ya que considera que, en este tiempo, no se han tomado las medidas de gestión apropiadas para proteger de forma sostenible de las masas de agua subterránea que alimentan los humedales de Doñana.

"La decisión del Tribunal es coherente con el firme compromiso de la Comisión Europea de salvaguardar los valores naturales excepcionales de Doñana para las futuras generaciones de europeos", explica Bruselas.

En dicha comunicación, Bruselas también alude a la Directiva de Hábitats para detener el posterior deterioro de los hábitats naturales protegidos en varios espacios de la red Natura 2000 designados por las autoridades españolas en este entorno. Entiende la institución comunitaria que en esta materia tampoco se tomaron las medidas oportunas.

Plazo de dos meses

Explica Bruselas que el objetivo tanto de la sentencia como de su cumplimiento por parte de nuestro país es ser "coherente con el firme compromiso de la Comisión de salvaguardar los valores naturales excepcionales de Doñana para las futuras generaciones de europeos".

En plena crisis climática, los países miembro firmaron el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad para 2030 cuyo cumplimiento es esencial para frenar el impacto negativo sobre la biodiversidad.

Al considerar que las medidas de España han sido "insuficientes", el organismo ha decidido enviar una carta de emplazamiento. Este es un mecanismo mediante el cual la Comisión requiere a un Estado miembro porque ha incumplido una obligación y le da un plazo para solucionarlo.

En este caso concreto, España dispone de dos meses para enviar sus observaciones. En el caso de que no se ajusten a lo que pide la Comisión, esta "podrá llevar de nuevo el caso ante el Tribunal europea y pedir sanciones económicas para España".