Una veintena de ONG van a denunciar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que España incumple compromisos internacionales, principalmente por las políticas adoptadas en respuesta a la crisis económica, "que derogan garantías legales de los derechos sociales". España va a ser evaluada el próximo lunes por este organismo de Naciones Unidas, integrado por 19 expertos independientes, encargados de redactar recomendaciones a los estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el cumplimiento de sus compromisos.
El comité analizará el informe de rendición de cuentas remitido por el Gobierno y otros dos por ONG, uno elaborado por Amnistía Internacional y el otro consensuado por una coalición de 19 organizaciones, como la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora de ONG de desarrollo o el Centro por los Derechos Económicos y Sociales. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en denunciar que el Estado Español no está protegiendo los derechos sociales y así lo van a exponer cuatro representantes de la sociedad civil en la sede de este organismo en Ginebra.
Uno de ellos, Vanesa Valiño, del Observatori DESC, asegura que "el Estado no está ni de lejos dando cumplimiento a los compromisos internacionales, sino que más bien está profundizando el recorte en derechos sociales para salir de la crisis". "Nuestro análisis es que todas las políticas que se están impulsando, como la reforma laboral, el código de buenas prácticas de las entidades financieras en materia de ejecuciones hipotecarias o la reforma sanitaria, lo que hacen es empeorar más la situación de los colectivos en situación de vulnerabilidad", ha explicado.
Las 19 ONG muestran en su informe su preocupación por "la notable regresividad en la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales" de las medidas adoptadas por la crisis, la desigual distribución de recursos en el país que genera diferencias entre zonas geográficas y la ausencia de medidas de protección social para las personas más vulnerables, como mujeres, migrantes, personas con discapacidad, gitanos o infancia.
Las medidas de austeridad fiscal "no sólo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el pacto internacional, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales de los derechos sociales".
Respecto a la información que deben facilitar los gobiernos, las organizaciones lamentan que se limite básicamente a exponer los avances en la ratificación de instrumentos internacionales relativos a estos derechos y la incorporación en sus leyes, sin reflejar la situación actual de estos derechos. "Es necesario que los estados no sólo proporcionen información del marco legal nacional, sino también de la traducción de estas normas en políticas" y el impacto de las medidas, que, a su juicio, están provocando "un retroceso acelerado en el disfrute de estos derechos".
Las ONG destacan "el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población y las importantes repercusiones que tendrán en el disfrute de los derechos humanos", la "elevada tasa de pobreza infantil" o "el enorme porcentaje de desempleo juvenil, de casi el 50 por ciento".
Solicitan al comité que inste al Estado Español a no adoptar medidas regresivas y a no utilizar la crisis "como justificación para relegar a un segundo plano estos derechos".
Las organizaciones recuerdan el compromiso internacional de los estados de evitar los desalojos forzosos y "en caso de que sea ineludible, la obligación de los poderes públicos de garantizar un realojo adecuado", concreta la activista y coautora del informe. En el mismo sentido se pronuncia Amnistía Internacional en su informe, en el que, además, "ve con preocupación" los recortes en la sanidad pública, que, subraya, pueden "agravar la situación y menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de la salud".
Así, recomienda al Ejecutivo que evalúe de forma "transparente" los efectos de los recortes en el disfrute del derecho a la salud, al tiempo que le pide que garantice que la Ley General de la Salud Pública se aplica "plenamente" en todas las comunidades autónomas. Respecto a la violencia machista, la organización asegura que desde que comenzó la crisis económica y especialmente en 2011, "determinadas" comunidades autónomas han limitado "considerablemente" la financiación de los centros de mujer, los centros de urgencia residenciales y los refugios. Por ello, insta al Gobierno a que las leyes que protegen a las víctimas se apliquen "plenamente" y que la crisis económica no menoscabe ni esa garantía ni la disponibilidad de alojamiento seguro, rehabilitación y otros servicios vitales.
